Es con gran preocupación que quienes firmamos esta carta conocimos el reciente acuerdo alcanzado entre diferentes grupos parlamentarios para redactar una nueva Ley de Educación en la Comunidad Autónoma Vasca.

El supuesto propósito del acuerdo es redactar una nueva ley que responda a los «desafíos actuales y futuros de la educación». Pero leyendo el texto del pacto descubrimos que consolida el actual sistema educativo dual, en el que la mitad de los centros educativos son de gestión privada pero con financiación pública, convirtiendo a la Comunidad Autónoma Vasca en una de las regiones de Europa con más porcentaje de colegios concertados. Este sistema dual, como la evidencia ha demostrado de manera concluyente, ha creado un sistema escolar cada vez más segregado, en el que la escuela pública asume casi de manera exclusiva la responsabilidad de escolarizar al alumnado menos favorecido (por razones de clase, origen, nacionalidad, etnia, etc.), mientras que las escuelas concertadas funcionan como un «refugio» para las familias locales de clase media alta. Entonces, aunque una de las supuestas intenciones del acuerdo sea luchar contra la segregación escolar, esa intención parece destinada al fracaso en la medida en que el medio para hacerlo es fortaleciendo la posición de las escuelas concertadas.

Al respecto, se debe recordar lo que dicen los Principios de Abiyán, que desglosan y compilan la normativa ya existente del derecho internacional de los derechos humanos en relación con el derecho a la educación, y brindan orientación sobre cómo ponerla en práctica en el contexto de la rápida expansión de la participación del sector privado en la educación. Como sabemos, los Principios de Abiyán fueron recopilados y redactados por 57 expertas y expertos internacionales en derechos humanos y en el derecho a la educación, y a día de hoy son reconocidos como una referencia ineludible al hablar del derecho a la educación por entidades tales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sobre la cuestión que nos preocupa, los Principios de Abiyán señalan que «cualquier posible financiamiento público a... instituciones educativas privadas debe considerarse una medida de duración determinada», es decir, una medida transitoria y excepcional, adoptada exclusivamente en razón de la actual falta de alternativas educativas públicas (principio 65). Y, ciertamente, este no es el caso del País Vasco

La experiencia comparada revela que un sistema escolar segregado, como el que ha creado el actual modelo dual, y que perpetuará la nueva ley, según se desprende del acuerdo educativo, crea una sociedad segregada. En tal sociedad, las personas, especialmente las más acomodadas, desconfían cada vez más de los considerados «diferentes», tendiendo a encerrarse en sus respectivas burbujas de privilegio. Ciertamente, no queremos eso para Euskadi y por eso hacemos un llamamiento a los miembros del Parlamento Vasco para que el fortalecimiento de la escuela pública y la lucha contra la segregación escolar sean los principales focos de la nueva ley.

*La lista completa de firmantes está disponible en NAIZ.