El estudio sobre el funcionamiento de la incineradora de Zubieta realizado por dos especialistas independientes contiene varias conclusiones bastante inquietantes. El informe está basado en la información proporcionada desde la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el informe del Programa de Vigilancia Ambiental, y muestra un buen número de problemas e irregularidades.

Destaca en primer lugar que durante 2021 la incineradora se paró y arrancó 86 veces, más de siete al mes, cuando la normativa europea establece que tienen que funcionar de continuo, con un máximo de una o dos paradas anuales para mantenimiento. Además de la menor eficiencia que supone estar continuamente arrancando y parando la quema de residuos, estas pausas y la vuelta posterior a la actividad provocan mayores emisiones. El informe constata que se superaron varias veces los límites máximos permitidos de emisiones de óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y carbonos orgánicos. En tercer lugar, el estudio constata que en la composición del material incinerado, la fracción que corresponde a residuos peligros alcanza el 18% del total, casi una parte de cada cinco, pese a que la incineradora de Zubieta no cuenta con autorización para ello. Y como colofón, el transformador principal sigue averiado y ha sido sustituido por uno provisional que genera alrededor de una cuarta parte de la electricidad prevista.

Lo cierto es que se vendió como un proyecto limpio pero no lo es. Se promocionó como un sistema para obtener valor de los residuos y la generación eléctrica resulta casi anecdótica. Se construyó pasando por encima de la voluntad popular y la posterior gestión sigue siendo igual de desastrosa. Vistas las conclusiones, no queda claro si lo que sucede en la incineradora de Zubieta está causado por un mal diseño o por una pésima gestión; o por ambas cosas a la vez. Lo que sí es seguro es que la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia.