Mientras la normativa adoptada por la Mancomunidad Vasca para frenar la proliferación de alquileres seguía, ayer, pendiente de la decisión del tribunal de Pau, el colectivo Alda! ofreció una rueda de prensa en Biarritz para presentar «una nueva herramienta» con la que sumar a ese mecanismo de compensación adoptado por la institución de Ipar Euskal Herria y que Alda! valora como «un avance social, ecológico y climático».

El colectivo valora positivamente la norma que debería permitir que «unas 20.000 viviendas» transiten hacia un uso estable a cargo de personas que viven y trabajan en el país. El mecanismo implica que, además de pagar una mayor fiscalidad, los propietarios que optan por ofertar un alquiler turístico deban poner en el mercado, como compensación, otro bien.

Una medida que cuestiona «el lobby inmobiliario», según constató Alda! en su comparecencia junto a las dos únicas vecinas de una residencia compuesta por 14 apartamentos que permanecen vacíos prácticamente todo el año. Alda! hacía patente la anomalía y daba a conocer que existe un mecanismo para ayudar en la labor de poner coto a la proliferación de pisos turísticos. Recordaba así que los estatutos de copropiedad no contemplan normalmente ese uso con fines comerciales. El colectivo emplazaba a los copropietarios a dirigirse a los administradores de fincas con vistas a hacer respetar la ley. Un paso que podría afectar a esas decenas de propietarios que han avalado el recurso judicial contra el mecanismo de compensación adoptado por la Mancomunidad.

De partida, Alda! pide a la institución que no acepte el cambio de uso «cuando el reglamento de copropiedad no autorice expresamente el uso comercial de esa parte del inmueble».