Ante su debate y previsible aprobación en el Congreso español de los Diputados el jueves, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria celebró ayer la habitual concentración de los lunes ante el Ayuntamiento de Bilbo y una manifestación en Iruñea para mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Impulso de los Planes Colectivos, pedir al Gobierno español que lo retire y a los partidos que voten en contra, ya que «ataca al sistema público de pensiones».

En Iruñea, la manifestación comenzó en la plaza Consistorial tras desplegarse una pancarta en la que se podía leer “Defensa del sistema público de pensiones. Pentsio sistema publikoaren defentsan”. A lo largo del recorrido, que transcurrió por la plaza del Castillo y avenida Carlos III para terminar en la plaza de Merindades, ante la delegación del Gobierno español en Nafarroa, se corearon numerosas consignas. Los pensionistas pusieron en evidencia su buena capacidad pulmonar lanzando potentes gritos contra el Gobierno español, la banca o los Borbones, como «Privatizar también es robar», «El dinero del Borbón, para la pensión» o «No es crisis, es capitalismo».

Una vez situados ante la delegación del Gobierno español en Nafarroa, el portavoz Benito Uterga tomó la palabra para denunciar que el proyecto de ley que se votará este jueves «nunca debería haber visto la luz y menos de la mano de un gobierno de PSOE y Unidas Podemos; es un proyecto de ley que abre la puerta de par en par para transformar un sistema público de reparto como el actual, en un sistema de capitalización de la mano de la negociación colectiva y con financiación pública».

Además, mostró su rechazo a «los intentos de PP, Ciudadanos y Vox, que con sus enmiendas y presiones empresariales pretenden empeorarlo aún más».

Siguiendo con las enmiendas, calificó de «insuficientes» las aprobadas por distintos grupos políticos como «para justificar como contrapartida que se apruebe este proyecto de ley».

Puntos positivos

Como puntos positivos, Uterga señaló «que se haya suprimido la disposición que permitía que una parte de las aportaciones no cotizasen a la Seguridad Social, o que se haya acordado suprimir los topes o bases máximas de cotización», aunque se quejó de que desconocen «si son resultado de un acuerdo o de un error, debido a la urgencia en la tramitación».

«En la práctica, las reducciones fiscales en las aportaciones permanecen y se seguirá pagando con dinero público, aunque ahora de los Presupuestos Generales del Estado y no de la Seguridad Social», añadió.

Aunque la subida del 15% de las pensiones no contributivas «se puede considerar positiva», Uterga matizó que «su limitado alcance no afecta a las pensiones de viudedad y orfandad contributivas», por lo que consideró que «no puede utilizarse para facilitar que el proyecto de ley salga adelante».

Por todo ello, los pensionistas solicitaron al Gobierno español que retire el proyecto de ley antes de que tenga lugar su votación definitiva, ya que «ellos son los principales responsables de este ataque al sistema público de pensiones».

Y también lanzaron un mensaje «a todos los partidos en general y en especial a los que hasta ahora han apoyado nuestra demanda de retirada» para que «voten en contra de dicho proyecto de ley para que no se apruebe en el Congreso».

Con ese objetivo, Uterga recordó que el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, junto a organizaciones pensionistas de todo el Estado, protagonizarán movilizaciones también el próximo día 9 ante el Congreso español.