«Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro», dijo el último jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, en una audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que comenzó el martes en Bogotá y concluirá hoy.

Junto a Londoño comparecieron Jorge Torres Victoria, “Pablo Catatumbo”; José Lisandro Lascarro, “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra; Julián Gallo, “Carlos Antonio Lozada”, y Rodrigo Granda, “Ricardo Téllez”, todos miembros del último Secretariado de las FARC, máximo órgano de esa guerrilla.

Londoño añadió en una declaración leída que acudían para «asumir nuestra responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», reconocimiento hecho en el marco del «caso 01», abierto en 2018.

«¿Cómo es posible reivindicar ante la humanidad, como un hecho válido el cosificar a una persona, el convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana, cuando la estábamos pisoteando y generando en su entorno familiar una situación de incertidumbre, angustia y que la mayoría de las veces termino con proyectos de vida, destrucción de capitales y vínculos familiares?», se preguntó Londoño.

Decisión en 1997.

El ahora senador Jorge Torres Victoria reconoció que los hechos por los que comparecieron constituyen «una grave violación al derecho internacional humanitario», el cual, ha subrayado, estaban «moral y éticamente obligados a respetar».

Relató que todo cambió en 1997, cuando el Estado Mayor de la guerrilla decidió llevar a cabo la toma de rehenes entre miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en un intento por canjearlos por los compañeros apresados. «Un intercambio humanitario, así lo llamábamos», contó.

«Asistí a ese pleno y soy responsable de esa decisión (...) En el año 1998, cuando la guerra se escalonó, se tomó otra decisión grave y que viola los derechos humanos, que fue involucrar a civiles», admitió Torres.

A la audiencia también acudieron víctimas de los secuestros que pidieron justicia y no repetición.

Las investigaciones de la JEP indican que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad.

«El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro», señaló magistrada Julieta Lemaitre, que dirigió la sesión.

Tres objetivos.

Lemaitre explicó que la política de secuestro de las FARC-EP se cimentó en tres patrones: financiar a la organización en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos.

El antiguo Secretariado de la guerrilla fue imputado en el «caso 01» por dar órdenes que derivaron en crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes, y por las muertes y desapariciones forzadas resultantes. También fue imputado como responsable de crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros, como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.

La JEP abrió el «caso 01» el 4 de julio de 2018 y ha identificado a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula.