Guillermo AZÁBAL
EFE

El estado de California marca el paso como garante del derecho al aborto

El estado más poblado de EEUU es el que más facilidades ofrece para abortar y se prepara para una eventual ola de mujeres de territorios que se disponen a limitarlo tras el fallo del Supremo.

Manifestante por el derecho al aborto frente al Tribunal Supremo de los EEUU.
Manifestante por el derecho al aborto frente al Tribunal Supremo de los EEUU. (Nathan HOWARD | AFP)

Hasta 36 millones de mujeres en edad reproductiva miran con inquietud el mapa de Estados Unidos para saber dónde tendrán garantizado el derecho al aborto después de que el Tribunal Supremo revocara este viernes la sentencia que lo protegía constitucionalmente desde 1973.

En Estados Unidos, 16 estados, además del Distrito de Columbia, contaban previamente con un marco legislativo propio para salvaguardar el derecho al aborto sin interferencia federal. Son estados «santuario» del aborto donde incluso teniendo gobernadores republicanos se va a blindar este derecho.

Aunque en estos estados no se prevé que el derecho al aborto se vea resentido tras el revés legal, las facilidades para acceder a las clínicas y costear los gastos no siempre son tan asequibles como en California, estandarte en materia reproductiva.

El Centro de Salud Reproductiva, Derecho y Política de la Universidad de California (UCLA) estima que entre 8.000 y 16.000 mujeres viajarán a este estado cada año para poder abortar a partir de la decisión del Supremo. Este flujo de mujeres hacia California supone un «elemento disruptivo», según especialistas como Elizabeth Nash, pero los centros reproductivos de este estado llevan trabajado en el último mes para adaptarse y que sus clínicas no se vean saturadas ni se retrasen las intervenciones.

Aún queda la asignatura pendiente

de ampliar su cobertura sanitaria a todas las mujeres latinas y migrantes en situación irregular. El Partido Demócrata ha propuesto una enmienda a la Constitución de California para que bajo ningún concepto el estado pueda prohibir el aborto o negar la prescripción de anticonceptivos a cualquier mujer que se encuentre en suelo californiano.

Y es que las migrantes sin papeles deben sortear obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva porque no cuentan con seguro médico o por la barrera idiomática, según explicó a Efe Laura Jiménez, directora ejecutiva de la organización California Latinas for Reproductive Justice.