No es fácil asimilar que de repente se detenga y acuse de crimen de Estado a un exfiscal general del Estado llamado México por orden del titular actual de la Fiscalía General de la República. Todo a causa del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, la tragedia de la desaparición de cuarenta y tres estudiantes en un autobús, que se envolvió con relatos, silencios, mentiras, ocultaciones y complicidades que aumentaron el dolor de los familiares y crearon en la sociedad mexicana una desazón general.

Han detenido a sesenta y cuatro miembros de diversos cuerpos de seguridad, ya que, en este crimen, por lo que se argumenta ahora, están involucrados estamentos institucionales de todos los niveles. Sucedió durante el mandato de Peña Nieto y sus equipos fueron los que intentaron embarrar las investigaciones, llegando a presentar informes inverosímiles, sin ninguna conclusión que aventurara alguna luz sobre la atrocidad. Una actitud muy sospechosa que ahora se desvela como muy cercana a lo delictivo.

Hay que esperar a ver cómo termina la operación, pero de momento la conmoción que ha creado la noticia no tiene parangón. Porque si el lenguaje nos funda, acusar de crimen de Estado desde el propio Estado nos coloca ante una espiral de legalidades superpuestas que es difícil de calibrar. Deben tener datos y pruebas suficientes porque el sismo político, judicial y social va a ser de gran intensidad. López Obrador recupera la iniciativa política y hay que esperar a la reacción de la oposición parlamentaria y de los poderes fácticos acusados.