El tribunal regional de Przemysl, en el sureste de Polonia, decidió el martes pasado prolongar por otros tres meses la prisión preventiva de Pablo González, asumiendo la petición de la Fiscalía, que había justificado su demanda en su «preocupación por un fraude de procedimiento, temor de ocultamiento o fuga y el hecho de que sobre González pesa un riesgo de una pena elevada si es condenado».

La Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW), que incide en que posee doble nacionalidad española y rusa, acusa al periodista vasco de realizar actividades para la Inteligencia militar rusa (GRU, siglas del Departamento Central de Inteligencia), por lo que se puede enfrentar a una petición de hasta diez años de prisión. Cuando fue arrestado cerca de la frontera con Ucrania, estaba cubriendo, como freelance, los acontecimientos de la invasión rusa para distintos medios, entre ellos GARA.

El mismo martes, su compañera, Ohiana Goiriena, indicó que, con la prórroga del encarcelamiento, pretenden «doblegar su voluntad» para que confiese «lo que no ha hecho». «Solo nos queda seguir luchando por conseguir esos derechos básicos, que son el contacto directo con Pablo, las llamadas telefónicas, visitas, y el derecho a que su abogado de confianza pueda asumir el caso, que de momento lo están impidiendo», añadió.

Por su parte, el abogado polaco de González, Bartosz Rogala, adelantó que recurrirá la decisión de la prórroga ante el Tribunal de Apelación.

«GRAVE PREOCUPACIÓN» EN BRUSELAS

Desde el primer momento, este proceso policial-judicial no se está desarrollando de acuerdo a los cánones oficiales de la Unión Europea. Y no es de extrañar, porque la Justicia polaca está más que cuestionada por las instituciones comunitarias, que acusan de interferir en su funcionamiento al Poder Ejecutivo, controlado por el partido Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco), de ideología ultracatólica.

El pulso entre Varsovia y Bruselas se mantiene en lo más alto desde que el 22 de diciembre de 2021 la Comisión Europea decidiera iniciar un procedimiento de infracción contra Polonia «debido a la grave preocupación que suscita el Tribunal Constitucional polaco y su jurisprudencia reciente», como se recogía en la nota oficial. La raíz de este procedimiento está en que el Constitucional polaco consideró, en dos sentencias dictadas el año pasado, que las disposiciones de los Tratados de la UE son incompatibles con la Carta Magna de este país, «cuestionando expresamente la primacía del Derecho de la Unión», según la Comisión.

Como es lógico, las sentencias en cuestión abordan asuntos de primer orden. Así, en la del 14 de julio de 2021, el TC negó el efecto vinculante de las medidas provisionales dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en virtud del Tratado de Funcionamiento de la UE «con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley».

El lenguaje de la nota emitida por Bruselas es más fácil de entender cuando indica que «la Comisión tiene serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional (de Polonia)». Además, considera que el Alto Tribunal «ya no cumple los requisitos de un tribunal establecido previamente por ley».

Entrando más en detalle, se recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su sentencia de 7 de mayo de 2021, declaró que el proceso de nombramiento de tres jueces para el TC en diciembre de 2015 «se produjo infringiendo normas fundamentales que forman parte integrante del establecimiento y funcionamiento del sistema de control constitucional en Polonia».

«La gravedad de este incumplimiento genera una duda razonable en la mente de los justiciables en cuanto a la independencia y la imparcialidad de los jueces en cuestión», incide la Comisión Europea.

En la medida en que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre cuestiones relativas a la aplicación o interpretación del Derecho de la Unión, la Comisión considera que, por lo tanto, ya no puede garantizar la tutela judicial efectiva por un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley, como exige el artículo 19, apartado 1, del TUE, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

JUECES PERSEGUIDOS POR DEFENDER SU INDEPENDENCIA

En su informe de 2021 sobre Polonia, también Amnistía Internacional destacó que «el Gobierno (polaco) siguió actuando contra los miembros de la Judicatura y la Fiscalía que expresaban preocupación por la falta de independencia del poder judicial». Ejemplo de ello, recordaba que, en enero, «la Fiscalía Nacional ordenó el traslado de siete fiscales a otros puestos que estaban a cientos de kilómetros de su lugar de residencia y en un plazo de 48 horas». Seis de estos hombres y mujeres pertenecían a una asociación que defendía el Estado de derecho, por lo que varias ONG afirmaron que estos traslados eran una medida punitiva, como recogió Amnistía Internacional.

Otros casos que menciona ese informe son los de los jueces Paweł Juszczyszyn e Igor Tuleya. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó formalmente una respuesta de Polonia respecto a las presuntas violaciones de derechos humanos sobre Juszczyszyn, apartado de la Sala Disciplinaria en 2020 tras haber cuestionado la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Al segundo, conocido por sus críticas a la injerencia del Gobierno en la independencia judicial, la Sala Disciplinaria le retiró la inmunidad en 2020.

MÁS DE 41.000 FIRMAS POR LA PUESTA EN LIBERTAD

Volviendo a la situación de Pablo González, en marzo, las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas denunciaron este ataque a la libertad de prensa y a la democracia, e instaron al Gobierno polaco a ponerle en libertad. En junio, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) instó al Gobierno de Pedro Sánchez y a los organismos de la UE a actuar en defensa de los derechos del detenido y de la libertad de prensa.

Tras su detención en Polonia, amigos y familiares del periodista comenzaron a reunir al menos 50.000 firmas a través de Change.org/FreePabloGonzalez para reclamar «que se respeten sus derechos». Esta semana son ya más de 41.600 apoyos.

«Pedimos que se respeten sus derechos humanos, como los de cualquier ciudadano: que pueda comunicarse con su familia, tener asistencia legal y que se respete su presunción de inocencia entre otras cosas», se recoge en esa petición. Por ahora, las autoridades polacas están haciendo oídos sordos a estas reclamaciones y González sigue en la prisión de Rzeswów.

«Esto no es propio de un país democrático ni de un país de la Unión Europea», subrayó el martes el abogado Gonzalo Boye, encargado de la defensa del periodista en el Estado español, quien, entrevistado en Radio Euskadi, incidió en que «en un país como Polonia», quienes controlan el Poder Judicial pueden hacer «lo que quieran». Subrayó la ausencia de pruebas para sustentar las acusaciones contra González: «Si las tuvieran, las conoceríamos. En 175 días no las han puesto sobre la mesa».

Oihana Goiriena, por su parte, indicó que las vías de contacto con su compañero siguen limitándose a las cartas, que ella recibe con un retraso de un par de meses. Las últimas le llegaron hace dos semanas y estaban fechadas a mediados de junio. Aunque mantiene la esperanza de que se fije fecha de juicio «ya» y el periodista «pueda tener un juicio justo», también dijo que teme que, en el recurso contra la nueva prórroga, «el resultado será el mismo: la respuesta será igual y tendremos que esperar otros tres meses para ver qué pasa».