«Nos parece inaceptable que un Estado detenga a un periodista de una forma tan arbitraria y sin prueba alguna. Es un ataque a la libertad de prensa y a la democracia y, por lo tanto, instamos tanto al Estado español como a la Unión Europea a que hagan todo lo que está en sus manos para acabar de una vez por todas con esta injusticia».

Este contundente mensaje ha sido suscrito por los principales sindicatos de Euskal Herria y del Estado español en relación a la situación que padece Pablo González, el periodista vasco que fue detenido el pasado 28 de febrero en Polonia, donde ya lleva más de seis meses encarcelado e incomunicado.

Entre las organizaciones firmantes de esta iniciativa que se hizo pública ayer se encuentran ELA, LAB, ESK y Steilas, junto a centrales de ámbito estatal como CCOO, UGT, Co.bas, CNT y Solidaridad Obrera; y otras como CUT y CIG de Galiza; COS de Països Catalans e Intersindical Alternativa de Catalunya; el SAT andaluz, CSI de Asturies u OSTA de Aragón, además de centrales sectoriales como el Sindicato Asambleario de la Sanidad (SAS), STEI Balears o la Plataforma Sindical de la EMT.

Así se suman a lo que han manifestado las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas, o el Instituto Internacional de Prensa.

Sin contacto con el exterior

En su escrito, los sindicatos muestran su preocupación por la «situación profundamente antidemocrática e injusta» que padece González, destacando que «se convierte más crítica cada día que pasa». Recuerdan también las condiciones de encarcelamiento de González en Polonia, subrayando que no ha podido mantener un contacto fluido ni con su familia ni con su abogado de confianza.

Como señalaron los mencionados sindicatos, desde el momento de su detención en Przemysl, cerca de la frontera con Ucrania, González tan solo ha recibido cinco cartas de la familia, todas ellas con mucho retraso, y únicamente ha podido contactar desde la cárcel con su abogado y con el cónsul español.

El periodista vasco, que se había desplazado a la región para trabajar como freelance tras la invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso, se halla encarcelado en Rzeszów. El pasado 23 de agosto, el tribunal de esa región decidió extender por otros tres meses la situación de prisión provisional. Al conocer el fallo, su abogado, Gonzalo Boye, subrayó que las autoridades polacas «intentan quebrar su voluntad» manteniéndole en prisión ante la ausencia de pruebas en su contra.