Comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Araba la vista contra los diez acusados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública, al tener sexo pagado con menores tutelados del centro Sansoheta.

Tres de ellos reconocieron los hechos, mostraron su arrepentimiento, se comprometieron a no reincidir y aceptaron las penas que les impuso el tribunal tras el acuerdo de conformidad, que serán recogidas en una sentencia posterior.

Uno de ellos aceptó una pena de trece años por dos delitos continuados de corrupción de menores y otros dos delitos de abuso sexual, uno de ellos continuado. Además se le impone libertad vigilada durante cinco años al salir de la cárcel.

El segundo aceptó una condena de siete años por un delito continuado de corrupción de menores y otro de abuso sexual continuado. También se le impone libertad vigilada durante cinco años. El tercero fue condenado a un año por corrupción de menores y a tres años de libertad vigilada.

La vista continúa para los otros siete, para quienes la Fiscalía pide penas que suman cerca de 200 años de cárcel, aunque para uno de ellos la acusación y la defensa han llegado a un principio de acuerdo y su declaración ha sido de momento postergada.

Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016, cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta (Gasteiz), que entonces acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores.

En el proceso también está personada como acusación particular la Diputación de Araba, que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la Asociación Clara Campoamor como acusación popular que reclama penas que oscilan entre 3 y 29 años.

En sus respectivas declaraciones, varios de los acusados han argumentado que, como la página web de contactos que emplearon requiere que los usuarios sean mayores de edad, «no sospecharon» que pudieran ser menores.

Por ejemplo, uno de ellos declaró que pedía el DNI a aquellos con los que se citaba y que decían tener entre 18 y 20 años, para asegurarse de que eran mayores de edad. Así, ha dicho que en el caso de uno de los menores con el que se le acusa de haber mantenido relaciones a cambio de dinero, vio que tenía más de 18 años.

Otro aseguró que, después de que el menor con el que quedó le dijera que a finales de ese mes cumpliría la mayoría de edad, esperó a que cumpliera los 18 para entonces mantener relaciones sexuales.

La fiscal jefe de Araba, Carmen Cotelo, que instruyó este caso como juez de menores, recordó a los acusados que las declaraciones de ayer no se ajustaban a lo que en su día relataron en la instrucción. La primera sesión fue pública, mientras que la de mañana, en la que declararán el último de los acusados y las víctimas, se celebrará a puerta cerrada.