Miguel Ángel Medrano tiene 80 años y reside en Irun. Lleva más de media vida en el piso en el que hace un año falleció su mujer. Como tantos otros padres y madres, hace un tiempo avaló con su vivienda a su hijo, para que este pudiera llevar adelante un negocio. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria le alcanzó de lleno y no pudo hacer frente a la deuda. La onda expansiva alcanzó a sus padres.

El préstamo era con el Banco Sabadell, con el que firmó una dación en pago y un contrato de alquiler social por tres años improrrogables, que venció en enero de 2021. En este tiempo la deuda pasó a manos de un fondo buitre con sede en Madrid, denominado Promontoria Coliseum.

Con la intermediación del Ayuntamiento de Irun se consiguió un año más, hasta enero de 2022, pero en julio pasado le llegó un requerimiento para que abandonara la vivienda ayer, 24 de enero de 2023.

No dejará su hogar

Ni lo ha hecho ni lo va a hacer, al menos de forma voluntaria. «Solo quiero seguir pagando mi alquiler mes a mes, como he venido haciendo religiosamente», manifestó Medrano conteniendo a duras penas las lágrimas en la concentración que tuvo lugar ayer ante la sede del Banco Sabadell en la donostiarra avenida de la Libertad, con apoyo de diferentes partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales.

Rosa García, portavoz de Stop Desahucios, explicó que se ha realizado una contraoferta a Promontoria Coliseum para firmar un contrato de siete años pagando 600 euros al mes.

Miguel Ángel Medrano, que cobra de pensión alrededor de 1.100 euros mensuales y abona en estos momentos 315 euros de alquiler, aportaría 400, mientras que los otros 200 euros serían ayuda social del Ayuntamiento de Irun, cuyo Gobierno municipal se ha comprometido a intermediar.

Contraoferta sin respuesta

La respuesta ha sido el silencio. «Quieren echar a Miguel Ángel a la calle para especular con la vivienda y poner un alquiler de unos 800-850 euros», denunció Rosa García.

Otros casos similares

La portavoz de Stop Desahucios alertó de otros dos casos similares en Donostia, el de Marimar y Ramona, personas mayores que avalaron a familiares y cuyos bancos -en este caso Kutxabank y Caixabank- han vendido la deuda a fondos inmobiliarios como Zima Finances o Coral Home.

Hace unos meses se produjo un caso parecido en Usurbil, que se resolvió sin desahucio gracias a la solidaridad vecinal. María Ángeles Otegi, al igual que Medrano de 80 años, pudo quedarse en su hogar gracias al apoyo que recibió en su localidad.

Según informó la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa, un vecino pagó la deuda que tenía Otegi con el prestamista. Compró la casa y posibilitó que la vecina siguiera vivindo allí. Otegi avaló con su piso un crédito de 61.500 euros solicitado por su hijo, ya fallecido. Al no poder hacer frente a las cuotas pactadas, el piso iba a ser subastado.