Las obras del TAV requieren de grandes movimientos de tierra para lograr que las vías se mantengan dentro de un estrecho margen de desnivel que permite al tren alcanzar grandes velocidades. Hasta el momento, los tramos construidos se han ejecutado de forma más o menos cuidadosa, mediante ocupaciones temporales de fincas cercanas. Adif pretende poner punto final a esta práctica y así lo ha trasladado a los municipios afectados, que se han sorprendido porque las expropiaciones superan las previstas en 122 hectáreas, que se destinarán a alojar vertidos de tierras.

La mecánica desarrollada hasta el tramo actual era sencilla. Las excavadoras retiraban la tierra fértil de terrenos cercanos a la plataforma por donde transcurren las vías. Una vez preservada esta capa, cogían o vertían ahí la tierra que necesitaban para la realización de los taludes, etc. Luego las volvían a tapar con esa tierra cultivable. Se realizaba, en consecuencia, un uso temporal de esos terrenos y se compensaba económicamente al propietario por no haberlas podido labrar.

Los ayuntamientos de Tebas-Muru Artederreta, Biurrun-Olkotz, Barasoain, Garinoain y Pueyo alertaron ayer de que Adif abandonará esta práctica. Lo que plantea ahora son expropiaciones de aquellos puntos donde quieran llevar a cabo los vertidos. El Ministerio español de Transportes se quedará con esos terrenos a perpetuidad, o hasta que alguien se los recompre. Puede que los recubra con una capa vegetal o puede que no.

Los 12 vertederos ocuparán 122 hectáreas, donde se pretende arrojar 3,5 millones de metros cúbicos de los 5,3 que requerirán las obras. «Nos sorprende que en los informes hasta ahora conocidos no se hablase ni se señalasen esos vertederos», señaló la alcaldesa de Barasoain, Rita Roldán.

El proyecto que tenían estos consistorios para el subtramo databa de 2012. Ahí no constaban estas expropiaciones, que se repartirán de la siguiente manera: 7 hectáreas, en Pueyo; 30, en Garinoain; 20, en Barasoain, y 65, en Tebas-Muru Artederreta.

Es tal el terreno que abarcan estos grandes vertederos que estas localidades aseguran que se ven amenazadas «la percepción del entorno rural de estos pueblos, su paisaje, su historia, su flora y su fauna».

Estos pueblos se encuentran en el eje Norte-Sur que vertebra Nafarroa, el que une Iruñea, Tafalla y Tutera. Por eso, sus términos municipales soportan la nacional N-121, el tren convencional, la autopista AP-15, redes de Alta Tensión y ahora, además, el TAV y sus vertederos.

La alcaldesa de Garinoain, Bertha Sánchez, indicó que todo ello amenaza con hacer perder la esencia de los pueblos y los aboca a convertirse en localidades dormitorio. «La lucha contra la despoblación ni puede ni debe ser tratada como un objetivo electoralista o propagandístico», afirmó.

Ciriza se lava las manos

Los ayuntamientos afectados se han puesto en contacto ya con Medio Ambiente, donde les han confesado que tampoco ellos conocían de la pretensión de Adif de quedarse con estos terrenos y del cambio trascendente en la forma en la que el TAV se va a construir.

Los primeros contactos con Cohesión Territorial -la que más competencias tiene- fueron decepcionantes. El consejero Bernardo Ciriza se ha negado a reunirse con ellos. Las obras competen al Ministerio de Transportes y él nada pueden hacer. O eso han dicho.

Básicamente, Cohesión Territoral les ha indicado que, para modificar las pretensiones de Adif, solo les queda la vía judicial. Estos municipios avanzan que presentarán alegaciones, aunque denuncian indefensión por los plazos.

Las alcaldesas de las localidades avanzaron, además, que este cambio amenaza con convertirse en un peligroso precedente para próximos tramos, en caso de que se consolide.

Hasta Tafalla, las obras del TAV han transcurrido por la zona más fácil, prácticamente llana. Es ahora, entre Tafalla e Iruñea, cuando la orografía comienza a complicarse y se precisará en mucho mayor grado horadar túneles, rebajar colinas y realizar taludes.

Si Adif procede a aumentar las afecciones de las obras del TAV con este tipo de vertederos (lo que ha sido práctica común en otros puntos del Estado), el impacto social y ambiental tendrá unas dimensiones mayores a lo inicialmente proyectado.

Los responsables municipales apuntaron, además, que los vertederos amenazan con convertirse en una pérdida de ingresos permanente, pues afectan a fincas particulares y comunales.

En caso de que estas localidades o particulares quisieran recomprar estos terrenos, deberían abonar a Adif lo que esta abonó por ellos, más el aumento del IPC. Esta operación resulta mucho más gravosa para los consistorios que la ocupación temporal. Dado que, aun en caso de que guardasen el dinero de la expropiación, deberían seguir costeando con sus propias arcas la subida de precio para poder recuperar sus terrenos.