Las familias de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut, que el 4 de agosto de 2020 dejó más de 220 muertos, se concentraron ayer en la capital libanesa para apoyar al instructor del caso, el independiente Tarek Bitar, imputado por insubordinación por querer seguir investigando la tragedia por el fiscal general del Tribunal de Casación, Ghasán Ueidat, a quien el juez acusó el martes de «homicidio, incendio criminal y sabotaje». Los familiares siguen reclamando que se haga justicia, mientras se desata una verdadera guerra en el aparato judicial.

Ueidat, que el miércoles ordenó liberar a todos los detenidos, indicó que el juez Bitar ha sido imputado también por «usurpación de poder» y le prohibió abandonar el país, según medios locales. Las decisiones del fiscal general responden a su imputación por parte del instructor, quien retomó el lunes sus investigaciones tras 13 meses de bloqueo.

De hecho, el juez Bitar declaró a la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, que continúa llevando a cabo sus funciones y recordó que Ueidat está recusado en el caso debido a que fue imputado. Por ello, hizo hincapié en que las recientes decisiones del fiscal general «son ilegítimas y no deben ser aplicadas».

Durante la jornada, familiares de las víctimas de las explosiones se concentraron frente al Palacio de Justicia de Beirut para denunciar «un golpe de Estado político, judicial y de seguridad», protesta que se saldó con al menos ocho heridos después de que las fuerzas de seguridad lanzaran gases lacrimógenos contra los concentrados. Los familiares de las víctimas incidieron en que las autoridades deben asumir «toda la responsabilidad sobre la seguridad del juez» Bitar, sometido a fuertes presiones políticas.

A la protesta se sumaron parlamentarios opositores. Marc Dau recalcó que «está claro que el fiscal general no tiene conciencia» y habló de «un complot contra las familias de las víctimas y la justicia en Líbano». Melhem Jalaf alertó de «un riesgo de que caiga la democracia en Líbano», mientras el exministro de Justicia Achraf Rifi denunciaba un intento de «instaurar un Estado criminal» y pedía «proteger la investigación».

Por otra parte, el Consejo Superior de la Magistratura aplazó sin fecha la reunión prevista ayer para debatir la posible revocación de Bitar, según fuentes judiciales.

La Fiscalía General ya presentó una notificación el martes ante los tribunales para que no aplicaran las últimas decisiones del juez.

La postura de Ueidat incrementó el malestar de los familiares y un grupo de ellas se reunió a última hora del miércoles frente a la vivienda del fiscal general por su orden de liberar a los detenidos en el marco de la investigación.