Dina Boluarte indicó ayer a los medios de comunicación que su renuncia «no está en juego en esta situación» de «violencia y caos», en el caso de que el Parlamento rechace un adelanto de las elecciones generales para este año. Calificó esta petición de «chantaje» y señaló que el país necesita, «hoy más que nunca, estabilidad, paz social y diálogo, pero un diálogo sin condiciones, que ponga por encima de intereses ideológicos y políticos los intereses del Perú».

Boluarte, quien estuvo acompañada por el primer ministro, Alberto Otárola, enfatizó que su Gobierno «no va a ceder a este chantaje político, anárquico, que quiere llevar al país al desorden y a la crisis» y pidió a estos «grupos minoritarios» que «reflexionen y apuesten por trabajar con unidad, con paz y desarrollo».

Reiteró que su Gobierno está «sólido» y que ella no renunciará en caso de que el Congreso vote en contra de la iniciativa legislativa presentada el miércoles por el Ejecutivo, que propone el adelanto de elecciones generales para este año, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que en menos de dos meses han dejado un saldo de 65 personas fallecidas. Los manifestantes también exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Boluarte ya había anunciado el domingo que presentaría un proyecto de ley para adelantar los comicios generales a octubre de este año si el Congreso no aprobaba la primera iniciativa legislativa que planteaba lo mismo. «El Congreso tiene ya la iniciativa legislativa que nosotros hemos enviado, solamente pedirles con el respeto que corresponde, como primer poder del Estado, responder a la altura a las necesidades que el pueblo está pidiendo: adelanto de elecciones y nos vamos todos», dijo.

El Congreso ha rechazado ya dos veces esa posibilidad, presentada por el fujimorismo, y ayer (de madrugada en Euskal Herria) tenía previsto debatir y votar una tercera propuesta que en este caso propone celebrar comicios generales en octubre de 2023 (primera vuelta) junto a una consulta sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente -promesa que hizo el presidente Pedro Castillo-, para que la ciudadanía decida.