El Tribunal de Baiona juzgó ayer a once personas detenidas el 23 de julio de 2022 tras llevar a cabo una acción de desobediencia que consistió en interrumpir la circulación en la confluencia entre las autopistas A64 y A63, a la altura de la capital de Lapurdi.

Mientras que varias furgonetas ralentizaron el tráfico hasta conseguir que los vehículos se detuvieran del todo, activistas se tumbaron, encadenadas con bidones, en la calzada. La acción, según hizo constar la propia Prefectura en su informe sobre una jornada de bloqueo en la que participaron 1.700 personas, fue de «corta duración», si bien provocó retenciones. Tras la intervención de la Gendarmería, los activistas y sus vehículos fueron apartados de la carretera, sin más problemas. Así lo dejaba sentado ayer la defensa de los once jóvenes en el turno de réplica a la petición de condena anunciada por la Fiscalía al final de una vista en la que la compañía que gestiona la autopista, Vinci, ni siquiera se personó como parte civil.

Pese a todo, la Fiscalía estimó que se perturbó la circulación, aunque tras recordar que ese delito se pena con hasta dos años de cárcel, solicitó para cada uno de los procesados sendas multas de 800 euros por la irrupción en la carretera, y de 150 por participar en una manifestación ilegal. Para diez de ellos solicitó que no paguen esa cuantía total de 950 euros salvo en caso de reincidencia, mientras que en el caso de Unai Arkauz, al tener antecedentes, pidió que hagan efectivas dichas multas.

A la espera de lo que depare la decisión del tribunal, que se pronunciará el 9 de marzo, la defensa valoró que la vista permitió centrar el debate judicial en el contexto que motivó la acción, con mención expresa a la situación límite a la que la Fiscalía antiterrorista llevó a dos presos, Ion Kepa Parot y Jakes Esnal, con 32 años de prisión a sus espaldas.

La defensa contestó, de partida, la legalidad de una orden, la cursada por la Prefectura, que tachó de desproporcionada. Cabe recordar que la Prefectura esperó a la víspera de una jornada comunicada desde meses antes por Bake Bidea y Artesanos por la Paz para prohibir «toda manifestación el 23 de julio en el departamento de Pirineos Atlánticos».

La vista en la que los encausados razonaron, cada cual con sus propias palabras, su participación en «una protesta legítima», permitió conocer que, al igual que otras muchas instituciones y organismos, tanto la empresa Vinci como la propia Prefectura recibieron información sobre cómo deseaban los organizadores que transcurriera la acción.

Información y compromiso

El responsable de Turismo de la Mancomunidad Vasca, Daniel Oltzomendi, se encargó de describir, con todo detalle, como se organizó esa jornada, «de manera transparente», para que la reclamación de justicia no causara perjuicios innecesarios a la ciudadanía.

Oltzomendi se expresó ante la juez después de que lo hiciera el propio presidente de la institución de Ipar Euskal Herria, Jean-René Etchegaray. El también alcalde de Baiona glosó el devenir del proceso de resolución, desde Aiete y hasta el desarme y desaparición de ETA, un paso que con ser relevante «no marcó un final».

Evocó el punto quinto de la Declaración de 2011 para recordar la labor pendiente por la memoria y la convivencia, y defendió el compromiso de la sociedad frente «al inmovilismo de los Estados».

Como en la vista de Dax, Etchegaray insistió en que, de no ser por los cargos que ocupa, podría haber practicado él mismo la desobediencia.