Un niño de nueve años denunció el pasado 9 de enero haber sufrido agresiones sexuales por parte de un familiar en un piso de Donostia y, 25 días después de haber acudido a la Ertzaintza ayudado por su madre, aún no ha sido explorado por un forense.

Los hechos se habrían repetido a lo largo de los dos últimos años, en los que el investigado habría aprovechado los momentos en los que se quedaba al cuidado del menor, mientras su madre trabajaba, para agredirlo. El último episodio habría ocurrido la pasada Nochebuena, aunque el niño no se lo contó a su madre hasta el 8 de enero, porque el supuesto agresor le habría amenazado con romperle la videoconsola si lo hacía.

El investigado se encuentra en libertad provisional, a pesar de que la acusación particular pidió su ingreso en prisión. Como medida cautelar para evitar su huida, la jueza, en un auto fechado el 10 de enero, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el Estado, además de obligarle a comparecer en los juzgados cada quince días.

El mismo día 10, la instructora abrió diligencias previas para investigar el asunto en una nueva resolución en la que, entre otras pruebas, ordenó tomar declaración tanto al acusado como a la víctima, además de solicitar al equipo psicosocial de los juzgados «un informe de credibilidad y afectación psicológica» del menor, aunque sin llegar a practicar una «prueba de exploración forense» sobre el niño como había demandado la abogada de la familia.

Desde entonces, la representación del menor ha reclamado en al menos cuatro ocasiones más la práctica de esta prueba forense que hasta el momento no se ha llevado a cabo, ya que no ha sido autorizada por el juzgado hasta el pasado lunes, 30 de enero. Aquel día el Juzgado de Instrucción ordenó en un auto que se libre oficio a la Clínica Médico Forense para que facilite fecha y hora para el reconocimiento médico, si bien este documento no fija aún el momento concreto en el que deberá practicarse el examen médico.

«Alarmante y grave»

Para entonces, la representación del menor había presentado varios escritos en los que reclamaba la práctica del reconocimiento, en uno de los cuales alertaba sobre lo «alarmante y grave» que resultaba que la comparecencia en la que la instructora decretó las medidas cautelares contra el investigado concluyera «sin practicar la prueba de exploración forense y pruebas médicas completas» que se solicitaron «desde el mismo momento de interposición de la denuncia» policial.

En este documento, también recuerda que la práctica de esta diligencia «supondría por sí misma un elemento de corroboración» de los hechos que resultaría «objetivable», y advierte de que «se está dejando que transcurra tiempo, lo que conlleva la posible curación de fisuras o cualquier vestigio del hecho».

En otro de los escritos, la acusación particular insiste en la necesidad «imperiosa» de la evaluación forense de las «pruebas médicas» al menor que ha denunciado las agresiones «con reconocimiento de sus partes íntimas», ya que se trata de una diligencia que «debe practicarse desde el primer momento y máxime con los protocolos de actuación para supuestos de agresiones sexuales a menores de edad».