El 10 de enero el Tribunal Supremo confirmó las duras penas contra los exburukides Alfredo De Miguel, Koldo Ochandiano, Aitor Telleria y el ex director de Juventud del Gobierno de Lakua Xabier Sánchez Robles por delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Y a todo ello se añade la creación de una «asociación ilícita», «prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la Ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la Administración autonómica y municipal [también del PNV]» y «se concertaron para favorecer que determinados organismos de la Administración [controlados también por adivinen qué partido] adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión», según dicta la sentencia.

Con este antecedente, era previsible que el tema se llevara al primer pleno de control del Gobierno del periodo de sesiones. PP+Cs y Vox optaron por la sal gruesa. Carlos Iturgaiz habló del «caso PNV», de la «omertá del PNV Sociedad Limitada», espetándole al lehendakari que «para ustedes no es lo mismo ser corrupto que ser nuestro corrupto» y acusándole de «incoherencia», «falsedad» y «burla».

Para no ser menos, Amaia Martínez aseguró que «en el País Vasco, al parecer, o pasas previamente por caja o eres condenado a galeras. Quién sabe, señor lehendakari, si en un futuro Francis Ford Coppola pueda elegirnos como territorio para filmar la cuarta entrega de la saga ‘El Padrino’».

Ante este tono, el lehendakari tuvo fácil mantener su ya conocido discurso sobre el «caso De Miguel», y se permitió decir que «por mi parte, le aseguro que evitaré hipérboles y estridencias ofensivas, así como comparaciones que pudieran ponerle en un compromiso, señor Iturgaiz», pero no se privó de acusar al presidente del PP de faltar a la verdad y a Amaia Martínez le preguntó si «además de todas las generalidades que ha proferido ¿tiene algún caso concreto que denunciar?».

«contundencia»

Iñigo Urkullu aseguró que en este caso su partido y él actuaron con «rapidez, contundencia y claridad», y subrayó que lo han hecho «siguiendo un código de conducta ética y coherente, basado en los siguientes criterios: conjugar firmeza y respeto a la presunción de inocencia; apartar de cualquier cargo de responsabilidad política o interna a las personas que pudieran estar implicadas; plena colaboración con la justicia, con la investigación policial, con los servicios jurídicos y personación en la causa; respetar, acatar y cumplir las decisiones adoptadas por la Justicia; y pedir perdón a la sociedad».

En varias ocasiones, el lehendakari repitió que «quienes no cumplan la ley nos tendrán siempre en frente, sobre todo si son cargos públicos». Y por ahí fue la pregunta realizada por Josu Estarrona de EH Bildu, que señaló que solo faltaría que el Gobierno no persiguiera las actuaciones ilegales, pero quiso poner la vista sobre lo que también hay detrás del «caso De Miguel», esas actitudes que quizá no sean ilegales, pero sí «irregulares y extendidas como las redes clientelares, las puertas giratorias o los amiguismos».

Estarrona le preguntó a Urkullu si considera «que el Gobierno tiene una actitud proactiva para hacer frente a las malas prácticas», puesto que en opinión de EH Bildu es más bien «pasiva».

El lehendakari negó esa pasividad, atajando que «no es mi opinión» sino que demuestra con «acciones» que su Ejecutivo tiene una «actitud totalmente proactiva contra la corrupción y las actuaciones contrarias a la ley».

relación de negativas

Y fue en esas «acciones» donde a continuación se fijó Josu Estarrona. Recordó que el Gobierno de Urkullu y los partidos que lo apoyan se han negado a «impedir contratar con las consultoras sancionadas en el Cártel del Norte», a «adoptar medidas ante el cártel de constructoras que se han repartido contratos», a «establecer un periodo de carencia entre ostentar un cargo político y poder ser miembro del TVCP», a «regular por ley un centro de estudios de opinión objetivo e independiente», a «la creación de un consejo audiovisual vasco que regule el ámbito autonómico», a «la creación de una oficina de buenas prácticas y contra la corrupción» y a «regular por ley las puertas giratorias para dificultar y obstaculizar que se produzcan». Todo ello han sido proposiciones de ley realizadas desde la oposición y que no se han aceptado».

Pero hay otra propuesta rechazada que tiene también mucho que ver con el «caso De Miguel»: la negativa a «legislar que las personas denunciantes y que alerten de malas prácticas sean protegidas». Porque como se recordó ayer en el Parlamento, nadie desde el PNV ni desde el Gobierno de Urkullu ha tenido ninguna palabra de apoyo para Ainhoa Alberdi, la abogada a la que pretendieron extorsionar y que con su denuncia desveló esta trama de corrupción. Desde entonces, como ya le amenazaron personalmente, nunca ha vuelto a tener ningún contrato público con instituciones dependientes del PNV.

La enumeración de negativas a favorecer el control pareció descolocar al lehendakari, que tuvo que volver a la respuesta dada a Vox sobre que si tenía algo concreto que denunciar lo hiciera. Quizá pronto se conozca alguno.

Después, Iñigo Urkullu afirmó que «es muy difícil, diría que es imposible, que una organización garantice que no se vayan a producir conductas ilegales en su seno». Por ello, el Gobierno de Lakua aprobó en 2013 el Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y se creó la Comisión de Ética Pública.

Sobre esta comisión y sus actuaciones, la oposición alberga muchas dudas. Cabe recordar que de sus cinco miembros, tres son del Ejecutivo y de las dos personas independientes, una fue en su día candidato de la coalición formada por PNV y EA y diputado foral en Gipuzkoa entre 2003 y 2007.

En cuanto a la actitud proactiva contra la corrupción, el próximo martes el Gobierno deberá dar su criterio favorable o desfavorable a la creación de una oficina de buenas prácticas y contra la corrupción propuesta por EH Bildu. En 2017, sin mayoría absoluta, estuvo a favor, pero las diputaciones obstaculizaron su tramitación y acabó decayendo con el fin de la legislatura. En 2020, esta vez ya con mayoría absoluta, se posicionó en contra. Ahora, habrá que ver qué decisión adopta la próxima semana y cómo la justifica.

El lehendakari aseguró ayer que la actitud proactiva de su Gobierno contra la corrupción son hechos, no solo dichos.