Mañana se cumplen tres años desde que casi un millón de metros cúbicos de residuos se abalanzaron sobre la AP-8, en el peor desastre medioambiental de la historia reciente de Euskal Herria. Dos trabajadores del vertedero de Eitzaga, en Zaldibar, murieron a consecuencia del derrumbe. El cuerpo de Alberto Sololuze se halló en agosto, medio año después de la catástrofe. El de Joaquín Beltrán ha sido imposible recuperarlo. Un acto recordará hoy a ambos y pedirá el esclarecimiento de todas las responsabilidades.

Conviene a este respecto diferenciar entre las responsabilidades legales que se puedan derivar del caso todavía abierto en un juzgado de Durango y las responsabilidades políticas que pueden ya dirimirse a partir de las numerosas evidencias publicadas sobre la catástrofe. Lakua ha esgrimido un informe superficial de tres páginas de la Comisión Europea -basado en la información que el propio Gobierno de Gasteiz entregó- para exculparse de toda responsabilidad. Esa ha sido su obsesión desde el inicio del desastre, pero si algo ha demostrado el derrumbe del vertedero de Eitzaga es que existen en este país marcos legales y procederes ajustados teóricamente a la norma que pecan de una irresponsabilidad política y medioambiental manifiesta.

Descontrol y sobreexplotación

El recorrido judicial ha seguido dos vías. La primera, sobre los delitos en el ámbito laboral, se cerró con un acuerdo. Del pacto se derivó una condena de dos años por un delito contra la seguridad en el trabajo y por homicidio imprudente, aunque los responsables de vertedero esquivaron la cárcel. Inspección de Trabajo constató que la empresa tenía suficientes indicios para prever el desastre y no advirtió a los operarios. Cabe remarcar que Lakua no ha aclarado nunca el contenido de la reunión que mantuvo con la empresa el 21 de enero de 2020. La opacidad ha sido una constante, también en este caso.

La segunda causa, por delitos medioambientales, es más compleja y sigue su curso en un juzgado de Durango. Avanza muy lentamente, en parte por la cantidad de partes personadas, en parte por la falta de recursos en el juzgado, pero avanza. Prueba de ello es la imputación por posible prevaricación, en noviembre de 2022, de tres técnicos de Medio Ambiente, lo que implica un salto cualitativo. Por primera vez, la instrucción apunta a la Administración.

Pero sea cual sea el desenlace judicial, que tardará en llegar, las informaciones publicadas y los informes de expertos aportados a la causa apuntan en una misma dirección desde el comienzo: la falta de control absoluta sobre lo que se vertía en Eitzaga y la avaricia de sus gestores, que lo llenaron a un ritmo mucho más rápido del previsto. Ya se ha demostrado, por ejemplo, que se vertían más residuos de los permitidos, que se almacenaban residuos para los que no existía autorización y que el proyecto inicial con el que Verter Recycling logró la luz verde no fue el proyecto que finalmente ejecutó sobre el terreno.

Responsabilidad y no repetición

Puede ocurrir que el juez que finalmente juzgue la cuestión medioambiental decida exculpar legalmente a Lakua, pero un fallo así podría ser si cabe más significativo. Porque lo que Zaldibar demuestra es que un marco legal que permite a la Administración dejar la tutela y la vigilancia de una infraestructura de riesgo como un vertedero en manos de una empresa avariciosa es un marco legal nefasto que hay que cambiar. El Gobierno de Lakua debe asumir sus evidentes responsabilidades, pero sobre todo, debe hacer los cambios legales pertinentes para garantizar que algo así no vuelve a ocurrir.