Iberdrola protagonizó ayer dos noticias de importante calado económico y también social. Por un lado, anunció un beneficio neto de 4.339 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 11,6% respecto al año anterior. De este modo, la multinacional con sede en Bilbo bate por quinta vez consecutiva su récord de ganancias. Por otro, informó de que ha recurrido el gravamen temporal y extraordinario sobre la actividad no regulada de las grandes energéticas que, en su caso, tendría un impacto de 200 millones de euros sobre esos ingresos.

Esta nueva tasa, que se suma a la que se va a imponer a la banca, pretende responder a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Ucrania y a los problemas de oferta y de suministros por la pandemia y, por ejemplo, se espera que engrosen en unos 400 millones las arcas públicas de la CAV, según indicó la semana pasada el consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Pedro Azpiazu.

Sin embargo, la energética se opone frontalmente a ella. «Hemos recurrido esas medidas por ser arbitrarias y discriminatorias», explicó el director de servicios jurídicos de Iberdrola, Gerardo Codes, quien sostuvo que la prestación es contraria al Derecho europeo, y apuntó que habrá que esperar a 2024 para conocer la respuesta de la Justicia.

Oligopolio energético

Iberdrola forma parte, junto con Endesa y EDP, de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que el pasado jueves anunció su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra este impuesto extraordinario y temporal. Para esta asociación, que representa los intereses del oligopolio eléctrico estatal, es un gravamen «discriminatorio e injustificado» que «penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético».

El nuevo impuesto afectará a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en el Estado español, y gravará durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas con un tipo del 1,2%, a excepción de los ingresos regulados y los que procedan de fuera del Estado.

Según las primeras estimaciones, el Ejecutivo esperaba ingresar unos 2.000 millones de euros anuales con el gravamen, sin embargo, esta cifra se ha visto rebajada -el primer pago, cuyo plazo concluyó la semana pasada y que será complementado en septiembre, recaudó 817,4 millones- por las exenciones introducidas durante la tramitación parlamentaria. Pese a ello, las grandes compañías energéticas no están por la labor, pese a estar reportando beneficios récord de forma generalizada.

Pantanos vacíos, centrales a tope

Lo cierto es que, igual que el resto del sector, la empresa que preside Ignacio Galán, que en mayo llegó a decir que «solo los tontos que siguen con la tarifa regulada por el Gobierno» pagan más por la luz, hizo el agosto aprovechando los altos precios y la fuerte demanda de energía en Europa debido a la guerra de Ucrania. De hecho, la producción energética fue muy intensa en 2022, y en ese camino Iberdrola llegó a vaciar en verano varios embalses a toda velocidad, provocando incluso temores de desabastecimiento en algunos puntos. Otras instalaciones energéticas, como las centrales de ciclo combinado -las de Iberdrola y el resto-, también trabajaron a destajo, y en conjunto el retrato es el de un contexto muy favorable para las compañías, como han corroborado los resultados.

En el caso de la firma con sede en Bilbo se concreta, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un resultado bruto de explotación o ebitda de 13.228,1 millones de euros, un 10,2% más que en 2021, con Estados Unidos y Brasil compensando la evolución negativa del Estado español y la desaceleración en México.

Las inversiones aumentaron un 13%, hasta 10.730 millones, un importe también histórico, del que algo más de un tercio, un 38%, se destinó a la Unión Europea, sobre todo al Estado español, Alemania, el Estado francés y Portugal. El 25% de las inversiones recayeron en EEUU; un 20% en Latinoamérica; un 13% al Reino Unido, y el 4% restante a otros territorios, como Australia.