El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer una moción de EH Bildu que instaba al Gobierno de Lakua a realizar una inspección sobre los posibles «abusos» en las cláusulas de los contratos de las residencias privadas a las que los servicios públicos derivan a personas mayores. La iniciativa, que fue apoyada por Elkarrekin Podemos-IU, fue rechazada por el pleno de la Cámara, al recibir el voto en contra de PNV, PSE, PP+Cs y Vox. En su moción, la coalición soberanista reclamaba la adopción de una serie de medidas ante las «cláusulas abusivas» que establecen la residencias y viviendas comunitarias privadas para personas mayores.

Ante esta situación, EH Bildu pedía a Lakua que analizara, en un plazo de tres meses, si la práctica «generalizada» de derivar las solicitudes de acceso a residencias públicas hacia el abono de Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS) -ayudas públicas para financiar el pago de plazas en residencias privadas- «vulnera la Ley de Servicios Sociales». Además, en la moción se solicitaba al Ejecutivo que elaborara un estudio para «inspeccionar» los contratos de las plazas que se abonan con las PEVS en centros residenciales y viviendas comunitarias privadas para personas mayores. A su vez, se pedía una evaluación del «alcance y efectos» de estas cláusulas en el ejercicio del derecho a los servicios sociales.

El pleno también rechazó una enmienda de adición de Elkarrekin Podemos-IU al texto original de EH Bildu. A través de su enmienda, la coalición proponía instar al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a realizar un análisis jurídico sobre «la viabilidad de introducir el mínimo de requisitos cuantitativos y cualitativos a cumplir en los contratos para la prestación del servicio de atención residen en residencias privadas y concertadas». A través de esta medida, Elkarrekin Podemos pretendía «evitar la existencia de cláusulas abusivas» en estos centros. Esta formación también trataba de instar a Lakua a «revertir progresivamente el proceso de privatización de las residencias», para lo que reclamaba una reducción de las plazas de titularidad y/o gestión privada frente a las de titularidad y gestión públicas. Tampoco salió adelante una enmienda de totalidad de PP+Cs que instaba al Ejecutivo a que sus servicios de alta inspección «velen por que en los recursos residenciales, tanto públicos como privados, se cumpla la legislación vigente en los diferentes aspectos de la prestación del servicio y se garantice un servicio de calidad».