El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, aprobó ayer la segunda fase de la reforma de las pensiones, que contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las jubilaciones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.

Al mismo tiempo, EH Bildu anunciaba un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social sobre las pensiones mínimas de viudedad, «por las que estas aumentarán entre 1.775 euros y 3.800 euros anuales en cuatro años, equiparándolas así con las pensiones mínimas contributivas. En función de este pacto, EH Bildu ha conseguido que las pensiones de viudedad aumenten en 2024 «desde 40 euros al mes para las pensiones individuales, hasta los 126 euros más al mes en las de viudedad con cargas».

A través de una nota, EH Bildu explicó que, de esta manera, «se producirá un aumento considerable en las pensiones mínimas de viudedad, del 17% para las individuales hasta un aumento del 30% para la modalidad de viudedad con cargas. Este aumento será progresivo en cuatro años, aplicando una subida mayor el primer año, en 2024».

Según subrayó, la consecuencia de esta subida será que «ninguna pensión de viudedad esté por debajo del umbral de la pobreza», subrayó el grupo abertzale.

«Las pensiones de viudedad son actualmente, junto a las no contributivas, las pensiones más bajas, con un claro componente de género que durante décadas ha condenado a las mujeres con estas pensiones a vivir en la precariedad. Gracias a este acuerdo, estas pensiones se equipararán a las mínimas contributivas, logrando así dar cumplimiento a una demanda pendiente para con este colectivo de pensionistas», recordó EH Bildu.

«Con las mejoras introducidas mediante este acuerdo, unidas al cumplimiento de dos de las principales exigencias durante la negociación previa de esta reforma (la no ampliación del periodo de cómputo de manera obligatoria y el aumento de las pensiones mínimas)», EH Bildu cree que la reforma planteada por el Ejecutivo adquiere un carácter más justo, con un mayor avance en la defensa y protección social de los pensionistas.

En función de este oacto, EH Bildu facilitará la aprobación del Decreto-Ley que el Gobierno someterá próximamente a convalidación en el Congreso de los Diputados.

Dudas del PNV

Por su parte, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, afirmó en una entrevista que el PNV ve «difícil oponerse» a la reforma de las pensiones, y baraja el voto afirmativo o la abstención, a la espera de analizar el texto y adoptar una decisión definitiva, en la que será determinante si los incrementos en las cotizaciones «ahogan» o no a pequeñas empresas, cooperativas y autónomos.

«Tenemos que mirar bien la letra pequeña, es un tema muy importante y controvertido, en el que quienes estamos cerquita o acercándonos a la jubilación vemos las cosas de una manera; los que ya son jubilados lo ven de otra, y la gente joven que está pagando, pero ve la expectativa de cobrar una pensión muy lejos y muy difícil, la ve de otra manera», indicó en una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press.

Ortuzar destacó que el Ejecutivo del Estado ha anunciado que se tramitará como proyecto de ley, con lo que los jeltzales podrán presentar enmiendas. Lo que les preocupa, según destacó, es que «estos incrementos de cotizaciones no ahoguen, que para mañana nos garanticen más dinero, pero que no ahoguen hoy a las empresas pequeñitas, sobre todo, autónomos y al régimen cooperativista».

LAB defiende los 1.080

El sindicato LAB llamó «a la movilización en defensa de unas pensiones públicas dignas» al considerar que «el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, es insuficiente» y «no garantiza la pensión mínima de 1.080 euros».

Para la central abertzale, las medidas para aumentar los ingresos «no son suficientes» ya que falta hablar «de la necesidad de mejorar los salarios» y faltan medidas como el destope de las bases máximas de cotización.

LAB defendió «establecer una pensión mínima» de 1.080 euros como plantea el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, la mayoría sindical y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, «de vital importancia para poder garantizar una vida digna a las y los pensionistas».

El sindicato sostuvo que «toca seguir peleando» y adelantó que interpelará «a Podemos, PNV y EH Bildu para que sigan negociando hasta el último minuto para intentar mejorar los aspectos que no han sido recogidos en este acuerdo», además de pedir a los Ejecutivos de Lakua e Iruñea que reclamen la competencia exclusiva sobre las pensiones.

El decreto aprobado ayer será avalado, primero, en el Congreso y se tramitará, luego, con posibilidad de enmiendas.