Ala consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, no se le pidió ayer en el Pleno de Control al Gobierno que violara su deber sagrado de guardar secreto sobre las deliberaciones de la Comisión de Ética Pública que preside, sino que se le preguntó precisamente por qué no había hecho nada ante la evidencia de que ya se había violado el deber de guardar secreto sobre la identidad de un denunciante. Su negativa a responder deja en una absoluta indefensión no solo al parlamentario delatado por alguien de esa Comisión y después amenazado o a su compañero que le trasladó esa pregunta. Su negativa a responder deja en pelotas a cualquiera que quiera trasladar una queja o una denuncia a la Comisión Ética, que nunca más va a poder sentirse seguro.

Pero, además, esa actitud -y la de buena parte de sus compañeros de Gabinete, liderados por el propio lehendakari- pone en cuestión la utilidad de los plenos de control, donde tantas veces se contesta con un «manzanas traigo» a interrogantes bien concretas, y que la presidencia admite que, en realidad, se conviertan en mítines del Ejecutivo, donde sus miembros hacen oposición a la oposición (que todo sea dicho, no hace mucho por cambiar las cosas). Y tampoco ayuda que una consejera se permita el lujo poco democrático de no responder a una pregunta hecha por escrito, y la Mesa de la Cámara no proteja al Parlamento desairado sino al Gobierno desafiante.

Digan lo que digan PNV y PSE no es cierto que haya mecanismos suficientes de control y transparencia. Es empíricamente falso. Y, como le respondió ayer el parlamentario de Cs, José Manuel Gil, al lehendakari, ya «hay una larga sombra de sospecha sobre estos temas que ni su influencia sobre los medios de comunicación ni su prolífica red clientelar están siendo incapaces de acallar».