GARA
BILBO

La UE lanza su reforma para garantizar energía «sostenible e independiente»

En un contexto de precios altos y gran volatilidad, y con la guerra de Ucrania poniendo de manifiesto los problemas estructurales del sector, la Comisión ha propuesto la reforma del mercado eléctrico. Pretende, además de adaptarse a la era de las renovables y no perder comba tecnológica con otras potencias, garantizar su independencia energética.

Un tractor pasa por delante de un molino de viento en Calmont (Estado francés).
Un tractor pasa por delante de un molino de viento en Calmont (Estado francés). (Charly TRIBALLEAU | AFP)

La Comisión Europea presentó la semana pasada su propuesta para adaptar el mercado eléctrico de la UE a la era de las renovables, con el objetivo declarado de abaratar la energía, evitar picos de volatilidad y ganar competitividad en la carrera hacia una economía descarbonizada. A la iniciativa le queda bastante camino por recorrer, pues necesita el plácet de los países miembros, el Parlamento Europeo y el Consejo, pero lo que ya se ha presentado permite observar por dónde quiere transitar Bruselas.

A modo de resumen, el documento insiste en construir un sistema energético basado en las energías renovables que, apostilla, «será crucial no solo para reducir las facturas de los consumidores, sino también para garantizar a la UE un suministro energético sostenible e independiente».

70% de origen renovable

25 años después de que empezara la integración y liberalización del mercado eléctrico europeo, las «subidas drásticas» y la «volatilidad sin precedentes» en los precios los dos últimos años, que se han acentuado tras la invasión rusa de Ucrania, marcan el contexto.

El objetivo, se indica, es que el 70% de la electricidad europea sea de origen renovable en 2030, frente al 22,3% de energía solar y eólica en 2022, además de un 21,9% de nuclear, un 10,2% de hidroeléctrica, un 19,9% de gas, un 15,9% de carbón y un 5,9% de bioenergía.

Para dar ese salto, la reforma prevé la revisión, entre otros, del Reglamento sobre la electricidad, la Directiva sobre la electricidad y el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). Se introducen medidas que incentivan los contratos a largo plazo con producción de energía no fósil y se aportan al sistema «más soluciones limpias y flexibles para competir con el gas, como la respuesta de la demanda y el almacenamiento». Esto, según la Comisión, «reducirá el impacto de los fósiles en las facturas de electricidad y garantizará que en ellas se refleje un menor coste de las energías renovables».

Consumo, precios, nucleares

La propuesta, saludada desde algunos Ejecutivos, como el español, también tiene sombras, como la ausencia de toda mención a un cambio en los patrones (insostenibles) de consumo, o el mantenimiento del sistema de precios marginalista en el mercado intradía, de modo que la tecnología más cara -suele ser el gas-, fija el precio de toda la generación eléctrica.

Aunque para matizar el efecto perverso de ese sistema, la propuesta pretende reducir la exposición al mismo facilitando que se pueda desacoplar el precio del gas del de la electricidad. Para ello, propone impulsar contratos a largo plazo de suministro energético a través de dos fórmulas que ya existen pero apenas se usan.

En primer lugar, aporta incentivos para facilitar la firma de contratos de compraventa (PPA) en el sector privado, de modo que firmas industriales y energéticas acuerden el suministro durante un tiempo determinado a un precio previamente fijado.

Por otra parte, introduce los llamados contratos por diferencia (CfD) bilaterales en todas las subastas estatales con generadores de electricidad renovable que previamente han realizado inversiones apoyadas con fondos públicos. En este tipo de contratos, el Estado y las energéticas acuerdan un precio determinado para garantizar a la firma una «fuente estable» de ingresos. Así, si el precio de mercado es inferior al acordado, la administración paga la diferencia a la energética; pero si es superior, es esta la que debe transferir la diferencia a las arcas públicas.

Según se plantea, los Estados estarán obligados a «canalizar el exceso de ingresos» que perciben cuando los precios son altos «directamente para rebajar las facturas eléctricas» de los consumidores.

Otro motivo de controversia, y ante el que grupos como Greenpeace han mostrado su protesta, es el mantenimiento de la nuclear en el saco de las energías «low-carbon» -para satisfacción del Estado francés-, lo que le concede acceso, por ejemplo, a las ventajas de los contratos por diferencia.

Este es el trazo grueso de una reforma que Bruselas, acuciada por el contexto bélico actual, quiere que entre en vigor en un año, aunque quedan muchas aristas por limar.