Tras una propuesta de Stop Desahucios, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer una declaración institucional sobre la flexibilización de los requisitos del Código de Buenas Prácticas Bancarias para deudores hipotecarios. Así, se comprometen a enviar esta resolución a las entidades financieras que operan en el territorio para que voluntariamente los flexibilicen.

Aunque el código está pensado para ayudar a aquellas familias que tienen dificultades para pagar una hipoteca, Stop Desahucios denuncia que muchos hipotecados no pueden cumplir algunos de los requisitos, que califican de «muy restrictivos».

Están fijados a nivel estatal y, según apuntan, el precio de la vivienda fijado en 300.000 euros no se cumple porque el metro cuadrado en Gipuzkoa y en la CAV es «de los más altos del Estado».