Familiares de las víctimas de la masacre de Pasaia de 1984 ratificaron su intención de seguir trabajando después de que la primera rueda para reconocer a algunos de los policías que pudieron haber participado en el tiroteo contra cinco integrantes de los Comandos Autónomos no diera resultado ayer. Denunciaron la actitud mostrada por Lakua, ya que, al «esconder» durante tres años el informe que elevaba lo ocurrido en aquella emboscada a «ejecución extrajudicial», les ha «robado el derecho a seguir investigando y trabajando en el caso».

Dos concentraciones, una a convocatoria de Pasaia Argitu y otra de Sare Antifaxista, reclamaron frente al Palacio de Justicia en Donostia ayer por la mañana que se investigue la masacre de Pasaia, mientras Joseba Merino, único superviviente del tiroteo, participaba en la rueda de reconocimiento de los policías que pudieron haber participado en la emboscada y que finalmente no dio resultado.

Debían de haberse personado siete policías, según explicó a los medios el abogado de las familias Santiago González, pero solo aparecieron tres y Merino no pudo identificar «al cien por cien» a ninguno, aunque puntualizó que tuvo dudas con uno de los agentes. Según trasladó González, uno de los policías no acudió por «problemas con el número», otros dos no se personaron porque la Policía no les ha conseguido localizar y otro de los que Merino identificó en fotografías ha muerto. Sin embargo, «hay partido», señaló Joseba Merino al salir de los juzgados, ya que quedan pendientes al menos las dos ruedas de reconocimiento de dos de los agentes.

AUSENCIA DE INVESTIGACIÓN

El 22 de marzo de 1984 la Policía española acabó con las vidas de Dionisio Aizpuru, Kurro; José Mari Izura, Pelu; Pedro Mari Isart, Pelitxo, y Rafael Delas, Txapas. Después de 39 años, nadie ha sido juzgado por estas muertes y, de hecho, la citación para la rueda de reconocimiento no es usual en este caso, que se ha caracterizado por la ausencia de investigación y otras irregularidades a favor de la versión policial, que sostenía que las muertes de los cinco militantes fueron resultado de un enfrentamiento armado.

En 2016, sin embargo, los jueces desmontaron esta versión al resolver que los integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas no efectuaron ningún disparo. Ellos, en cambio, recibieron 113 impactos de bala total. Pero esos 113 orificios no fueron suficientes para el juez Eduardo Calvo Rojas, quien, en 1984, apenas unos meses después de la masacre, decidió archivar el caso «al no haber sido justificada la existencia de hechos constitutivos de delito».

Las irregularidades judiciales que han rodeado a este sumario durante 39 años han sido señaladas por un informe elaborado en marzo de 2020 por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV-EHU por encargo del Gobierno de Lakua. «De los hechos que se han expuesto se desprende con nitidez la ausencia de una investigación judicial efectiva, así como la absoluta falta de depuración de responsabilidades políticas», sentencia .

INTERPELACIÓN A LAKUA

Este documento, que certifica que las cuatro muertes en la bahía de Pasaia fueron producto de una «ejecución extrajudicial», fue entregado hace pocas semanas a las familias de las víctimas, tres años después de que fuera realizado. «Estos días hemos sabido que el Gobierno Vasco nos ha escondido un informe durante tres años. Nos han robado el derecho a seguir investigando y trabajando en el caso durante tres años», denunció durante la concentración Pello Aizpuru, hermano de Kurro.

Tras recibir el informe, durante tres semanas los familiares de las víctimas de la emboscada de Pasaia han tratado de ponerse en contacto con responsables de Lakua. «No nos han hecho caso, nos han ignorado -señaló Aizpuru-. Al siguiente día de hacerlo público, nos llaman. Ahora tienen prisa para estar con nosotros. Esta es nuestra cruda realidad, estas son nuestras relaciones con el Gobierno Vasco».

El hermano de Dionisio Aizpuru denunció el trato desigual que los familiares de las víctimas de la emboscada de Pasaia han recibido por parte de Lakua. Recordó que el Ejecutivo de Urkullu encargó otros tres informes a la Cátedra Unesco de Derechos Humanos: uno sobre el «caso Pertur», otro sobre la desaparición de tres gallegos y otro sobre el «caso Naparra», y en los tres se publicaron los informes con representación institucional del Gobierno autonómico.

Este familiar destacó que pedirán explicaciones a Lakua, pero también compromisos, porque el informe señala que los familiares no han recibido ninguna ayuda por parte de las instituciones. En concreto, el documento señala lo siguiente: «Es un caso paradigmático, por desgracia, porque revela en toda su crudeza e injusticia la lucha judicial durante décadas frente a una interminable tela de araña que acaba por devorar el caso en vez de ‘administrar’ justicia. Ello y el silencio institucional prácticamente generalizado han incrementado aún más si cabe el grado de injusticia».

Arantxa Isart, familiar de Pedro Mari Isart, destacó igualmente «el silencio» que han sufrido tanto por parte de las administraciones judiciales como por parte del Gobierno autonómico. «Llevamos 39 años con esto y es un calvario para las familias. Pedimos que se pronuncien sobre esa verdad que hemos defendido durante tantos años y que coincide con las conclusiones del informe realizado por expertos, y que nos digan en qué pueden ayudar», manifestó Arantxa Isart.