Un 220% subieron el año pasado las quejas al Ararteko por el funcionamiento de Osakidetza, según se recoge en el informe anual que Manu Lezertua presentó ayer a la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejeria, en el que se recogen las 12.704 actuaciones llevadas a cabo por esta institución en 2022, de las cuales 7.504 se corresponden con quejas y consultas.

Un 12% del total de las quejas están referidas al ámbito sanitario, con un notable incremento que pone de manifiesto, según Lezertua, la situación de «tensión» que vive el sistema. Por ello, el equipo de la oficina de la Defensoría del Pueblo en la CAV ha mantenido recientemente una reunión con la consejera de Salud del Gobierno de Lakua, Gotzone Sagardui, para analizar la situación.

El ararteko no descartó la posibilidad de que en un futuro pueda emitir una «recomendación general» sobre el funcionamiento de Osakidetza que pudiera dar «pistas» de por dónde deberían ir las mejoras en el servicio de salud.

Admitió que el Departamento que dirige Sagardui es «muy consciente» de la situación, «reconoce los problemas y está buscando soluciones», algunas de las cuales ya se están adoptando, como la recuperación de la atención presencial en Primaria.

Citó que persisten problemas relacionados con pacientes con patologías duales y en salud mental de jóvenes, por ejemplo, y recordó que existe un «problema subyacente», como es la escasez de profesionales sanitarios.

En el informe se reconoce que la actual situación del sistema sanitario se ha visto perjudicada por el covid. La pandemia, a su juicio, «no ha hecho sino agravar una situación precedente, generada a partir de una escasa planificación de las necesidades futuras de las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría, de falta de reconocimiento de este nivel asistencial, de las dificultades para la provisión y retención del personal y del progresivo envejecimiento de la población y el consecuente aumento de las enfermedades crónicas».

PLANIFICACIÓN Y DOTACIÓN

Se señala también que se deben proporcionar los medios materiales y humanos necesarios que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la salud de la ciudadanía, con «medidas de planificación y dotación presupuestaria necesarias para garantizar un sistema sanitario público vasco fundado en los principios de equidad, calidad y proximidad, con personal sanitario estable y dotado de medios suficientes».

Para ello, si es preciso, se han de establecer incentivos profesionales, administrativos y económicos con el objeto de facilitar la cobertura de plazas de difícil acceso y para fomentar la permanencia en las mismas por parte del personal sanitario y asistencial.

«Dicho sistema sanitario debe garantizar el acceso a la atención médica primaria, a la atención continuada, a la atención especializada y a la atención a la salud mental en tiempos razonables y de forma adecuada, tanto en el medio urbano como en el rural», recoge el informe.

En términos generales, a lo largo de 2022, en el 47% de las quejas presentadas en todos los ámbitos existía alguna actuación incorrecta de alguna administración pública, un porcentaje superior en dos puntos al del año anterior.

SITUACIÓN DESAGRADABLE

La administración afectada corrigió y modificó la actuación que motivó la reclamación en el 88% de los casos, pero tras el parón de actividades por el confinamiento por la covid, algunas de ellas han «descuidado» su colaboración.

Por ello, el pasado mes de diciembre el Ararteko tuvo que dirigirse en 46 ocasiones a diversas administraciones para recordarles la obligación de colaborar y que no hacerlo es un delito. Manu Lezertua ayer comentó que no es agradable tener que llegar a esta situación, ya que se puede producir un «perjuicio importante» en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Quedan aún pendientes siete expedientes en algunas administraciones locales «recalcitrantes», en su mayoría entidades pequeñas con problemas de «gestión administrativa». Lezertua pidió una «reflexión» sobre la posibilidad de reformar la Ley del Ararteko para que pueda ejercer sus funciones «adecuadamente», en línea con lo hecho en Nafarroa, donde al Defensor del Pueblo se le ha otorgado el poder de imponer sanciones, lo que tiene un «efecto disuasorio muy importante».

Tras conocerse el contenido del informe, el portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, consideró «lógico» que la ciudadanía sea «exigente» con Osakidetza a la hora de demandar una mejor respuesta en la prestación de sus servicios.