El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2018. No obstante, en su sentencia plantea un indulto parcial que rebaje la pena de prisión a no más de dos años para que no entre en la cárcel.

La sentencia la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental y también le impone una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer cargo público.

Una magistrada añadió un voto particular en el que considera que Borràs no cometió falsedad documental sino que solo la indujo, por lo que cree que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión, y sostiene que solo se la inhabilite para cargos con facultad de contratación. El beneficiario de los contratos, Isaías H., que en el juicio confesó, ha quedado absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a dos años de cárcel, multa de 2.100 euros e inhabilitación para contratar con administraciones públicas durante un año y siete meses.

REACCIONES

Solo Junts defendió a su presidenta, y su secretario general, Jordi Turull, sostuvo que sigue siendo la «presidenta del Parlament», mientras el resto de partidos apremiaron a su sustitución.

El propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió a los grupos parlamentarios que acaben con la interinidad en la Presidencia del Parlament, Aragonès afirmó que «los hechos probados son de una gravedad muy significativa» y la sentencia «no tiene ninguna vinculación» con la represión contra el independentismo.

Aun así, ERC esperará a que sea firme antes de abordar cambios en la Presidencia del Parlament aunque es posible que la Junta Electoral Central le retire antes el escaño.

La portavoz del PSC, Alicia Romero, pidió que la propia Borràs de un paso al lado.

También el diputado de la CUP Xavier Pellicer solicitó la dimisión de la presidenta suspendida, a la que acusó de «utilizar de manera totalmente irresponsable el procés para intentar tapar sus malas praxis, que han acabado con una condena por corrupción» y por unos hechos «que no tienen nada que ver con el independentismo».