El pleno del Ayuntamiento de Donostia aprobó ayer, con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo el PP, que se posicionó en contra, una moción de EH Bildu y Elkarrekin Donostia en la que se insta a Lakua a que, previa solicitud del Consistorio, «declare como zonas tensionadas de vivienda todas aquellas que cumplan los requisitos establecidos al respecto» en la nueva Ley de Vivienda estatal, tan pronto como entre en vigor, con el objetivo de «establecer cuanto antes un sistema de control de precios del alquiler» en la ciudad.

La moción, que recoge la reclamación realizada por las plataformas Alokairu-Benta Berri, Stop Desahucios de Donostialdea e Inquilinos Azora, fue apoyada por EH Bildu, Elkarrekin Donostia, PNV y PSE, mientras que el PP la rechazó.

El edil de EH Bildu Ricardo Burutaran destacó que Donostia cuenta con 1.937 viviendas en alquiler, cuando los demandantes de vivienda pública en alquiler de Etxegintza son más de 18.000. Además, señaló que según los datos de Lakua correspondientes a junio del pasado año, había 13.129 donostiarras solicitantes de vivienda pública en alquiler en Etxebide. Por todo ello, a su juicio, «son necesarias más medidas» para hacer frente al «problema de la vivienda».

La portavoz de Elkarrekin Donostia, Aitzole Araneta, incidió en que el de la vivienda es «uno de los problemas más importantes» que tiene la capital guipuzcoana y así lo evidencia que «más de 3.500 jóvenes han tenido que irse de la ciudad a municipios aledaños porque no pueden permitirse vivir aquí».

«FRENAR LA ESPECULACIÓN»

Araneta abogó por «frenar la especulación y la burbuja que está sufriendo en el tema del alquiler» y recordó que tras esta cuestión está el debate sobre si el derecho a tener una vivienda digna está por encima o no del «derecho de unos pocos a hacerse aún más ricos». Así, apostó por controlar los precios del alquiler y adoptar acuerdos en torno a la futura Ley de Vivienda estatal, que «está cada vez más cerca de materializarse».

Desde el Gobierno municipal, la delegada de Urbanismo demandó un «debate sosegado y profundo» en lugar de «un titular fácil» como, a su juicio, se persigue con la moción aprobada. En este sentido, la tachó de «brindis al sol» ya que, según recordó, la Ley de Vivienda estatal «no está aprobada aún, puede someterse a cambios, no se aplicará hasta 2025» y, además, planteó que puede suponer «invasión de competencias».

Además, señaló que, en estos momentos, hay 188.792 personas empadronadas en la ciudad, «la mayor cifra» registrada, y existen 94.700 viviendas, de las que «78.711 son principales; 8.600 están en alquiler, el 9,14%, y 1.100 están vacías». Abogó por «seguir trabajando» y recordó que desde 2011 se han ofertado 3.411 viviendas que tienen diversos desarrollos en marcha desde el Ayuntamiento, a las que se sumará el desarrollo urbanístico del solar de los cuarteles de Loiola, que permitirá la construcción de «más de 4.000 nuevas viviendas».

Marisol Garmendia (PSE) se felicitó por la futura ley «integral» y aseguró que su partido lleva en su «ADN las políticas públicas de vivienda».

El portavoz del PP, Borja Corominas, señaló que es un «diagnóstico común» a todos los grupos municipales que la ciudad tiene un problema con la vivienda, pero «las soluciones no lo son», porque las medidas que proponen EH Bildu y Elkarrekin Donostia, como «intervenir el mercado, limitar los precios del alquiler o declarar zonas saturadas para expropiar viviendas, forzando a los propietarios a ponerlas en alquiler», a su juicio, no han funcionado en ciudades como Barcelona, donde este tema es «un desastre».

Frente a ello, abogó por «construir más viviendas» en ámbitos «como Antondegi, donde se podrían construir tres mil», así como «incrementar» los salarios.

DÍA «HISTÓRICO»

Desde las plataformas Alokairu-Benta Berri, Stop Desahucios de Donostialdea e Inquilinos Azora, que estuvieron presentes en la sesión plenaria, Rosa García calificó el día de «histórico» por la aprobación de la moción para «el control de los precios del alquiler abusivos».

La portavoz de Stop Desahucios rechazó que la futura ley tenga «problemas competenciales» con la de la CAV y se felicitó de que el PNV, «con la presión ciudadana», hubiera votado finalmente a favor de esta iniciativa.