El pasado martes LAB denunció las presiones que están recibiendo los trabajadores de Navarrabiomed y de la Fundación Miguel Servet, ambas de carácter público, para que simulen ejecutar su labor de investigación sanitaria desde otro instituto, el IdiSNA, que cuenta con la participación de la Universidad de Navarra y de la Clínica Universitaria, ambas del Opus Dei.

Poco después, el director general de Salud del Gobierno navarro, Carlos Artundo, tildó de «incorrecta» la información aportada por el sindicato, y defendió que el traspaso de trabajos de científicos de la sanidad pública a IdiSNA es algo «pactado» con el Instituto Carlos III, institución dependiente del Gobierno español que acredita a los Institutos de Investigación Sanitaria. Negó, además, que pasar de un sistema de investigación enteramente público a uno gestionado por una institución público-privada pueda calificarse de «privatización».

Para LAB, que ayer emitió una nueva nota, esto último «supone un insulto a la inteligencia de toda la ciudadanía», ya que «no existe otra fórmula para definir la realidad de pasar de una gestión netamente pública a otra privada».

Una de las denuncias del sindicato giraba en torno a la suspensión de la acreditación otorgada al IdiSNA por parte del Instituto Carlos III para la realización de este tipo de investigaciones, debido a «la integración de entes ajenos a lo público». Conseguir que el IdiSNA recupere la acreditación le convertiría en candidato para recibir financiación estatal y comunitaria. Pero LAB apuntó que «Artundo sabe que el Instituto de Salud Carlos III en ningún caso exige que la parte pública tenga que pasar a IdiSNA todos los ensayos clínicos que gestiona».

ACUERDO ASIMÉTRICO

Y añadió que «esta exigencia es consecuencia de un acuerdo interno entre las instituciones que constituyen IdiSNA y que deben aclarar el propio Artundo, pero también Alfredo Larrea Martínez, gerente del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Este acuerdo es claramente asimétrico ya que exime a la parte privada, pero no a la parte pública, de ceder la gestión de sus ensayos clínicos comerciales, los que provienen de laboratorios farmacéuticos».

LAB aseguró que dispone de un documento que «contradice las palabras de Artundo y hace dudar de quién tiene el control real del IdiSNA, si la parte pública como oficialmente figura, o la parte privada. Configurar una institución público-privada gestionada por una fundación privada cuyo fin es poder recaudar fondos públicos para investigación es un modelo que dificulta la transparencia».

Agregó que «a la parte privada que representa el Opus Dei no le interesa pasar los ensayos por IdiSNA porque estos son parte importante en su forma de hacer negocio, y no quieren perderlos. A la parte pública tampoco le interesa perderlos, pues se descapitalizaría Navarrabiomed, pero eso no parece ser importante para el Departamento de Salud».