Medio millar de docentes jubilados de la enseñanza pública se manifestó ayer por el centro de Bilbo para pedir al Gobierno Urkullu que pague la prima por jubilación anticipada que el Ejecutivo de Patxi López acordó en 2010, tal y como sentenció en junio de 2022 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gasteiz. La resolución ha sido recurrida por la Administración autonómica ante el TSJPV y pospone el pago de la compensación a 2.632 personass.

La movilización, que había sido convocada por la Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco (Adostuz) y apoyada por los sindicatos CCOO, UGT y LAB, realizó sendas paradas ante las sedes de PNV y PSE, donde los afectados incidieron en que «nosotros nos hemos retirado, pero nuestros derechos no se jubilan».

«NOS HEMOS CANSADO»

Los docentes jubilados manifestaron que estaban otra vez en la calle, ante las sedes centrales de PNV y PSE, «porque ya nos hemos cansado. Si el Gobierno vasco no hubiera recurrido, nosotros hubiéramos cobrado. Al principio ya dijimos que estábamos de acuerdo con cobrarlo en partes para no ocasionar daño, pero no, es una cerrazón». «No falta dinero, sino que lo que falta es voluntad», denunciaron.

Las personas afectadas llevan movilizándose desde 2019 para que se cumpla lo recogido en el convenio de 2010 del profesorado de enseñanza pública no universitaria, que contemplaba una indemnización por su jubilación voluntaria anticipada. En 2012, el Gobierno de López suspendió el pago aduciendo necesidades de contención del gasto en plena crisis económica.

Desde Adostuz, su portavoz, Maribel Val, matizó en la concentración ante Sabin Etxea que «el acuerdo quedó en suspenso, no se suprimió». Recordó que «el PNV, cuando estaba en la oposición, dijo que cuando llegara al Gobierno lo iba a pagar. Llegó y no lo pagó».

En mayo de 2018, el Parlamento de Gasteiz aprobó una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a levantar la suspensión del derecho de indemnización por jubilación anticipada y un año después, la Cámara tomó en consideración una proposición de ley en idéntico sentido, pero tras numerosos retrasos no llegó a ser votada antes de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de elecciones. La representante de Adostuz calificó de «filibusterismo parlamentario» lo vivido entonces.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

Maribel Val sostuvo que no hay razón alguna para que no se abonen las primas. Citó que, por ejemplo, en 2021 quedaron más de 600 millones de euros sin gastar, que el ejercicio siguiente fueron más de 700 millones. En opinión de la asociación, no se trata de una cuestión de dinero, sino de «absoluta falta de voluntad política» de PNV y PSE de cumplir con lo acordado con las y los trabajadores de la enseñanza pública. «Nosotros siempre hemos estado dispuestos a cobrar de manera paulatina, de forma que no causáramos daño», reiteró.

«El PNV no quiere y el PSE se aprovecha de eso para decir que estando en el Gobierno tiene las manos atadas y que no nos lo puede pagar. Y el problema de esto ya no es solo el dinero, sino que se está vulnerando un acuerdo que se negoció entre la Administración y los trabajadores. Si a partir de ahora la empresa o la Administración tiene la potestad de no cumplir, ¿para qué sirve entonces la negociación?», se preguntó la portavoz de Adostuz.

Maribel Val desveló que han mantenido contactos «con algún parlamentario del PNV que estaba de acuerdo con que nos pagaran. Los del PSE también están de acuerdo. Los de EH Bildu, los de Elkarrekin Podemos-IU, los del PP, todos están de acuerdo», pero a día de hoy ese supuesto compromiso no se ha materializado». «Nos dan buenas palabras, pero no cumplen», subrayó.