La sección francesa de AI ha hecho público un informe, que lleva por título ‘‘Controles migratorios en la frontera franco-española: entre violaciones de derechos y luchas solidarias’’, en el que da cuenta de la falta de garantías que sufren las personas que transitan por los pasos pirenaicos, de Euskal Herria a Catalunya.

El 1 de mayo entró en vigor, tal como recuerdan AI y las otras cuatro asociaciones que avalan el informe -La Cimade, Anafé, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières- una nueva prórroga del cierre de fronteras que, tal como avanzó este medio el 7 de abril, se prolongará, al menos, hasta el 30 de octubre de este año.

Esa nueva prórroga, que se ha justificado por la celebración en octubre de la Copa del Mundo de Rubgy, hace la número 21 si se empieza a contar desde la primera supresión de la libre circulación de personas que París implementó en respuesta a la COP21 y luego a los atentados yihadistas, en 2015.

«Desde hace ya más de siete años, Francia utiliza la reposición de los controles en frontera -contraria al principio de libre circulación de personas en el seno del espacio Schengen- para controlar a las personas migrantes y devolverlas hacia países vecinos, en particular, hacia Italia y España», escriben las citadas organizaciones.

Recuerdan esas ONG que el despliegue policial en los pasos pirenaicos no deja de crecer y destacan el plan explicitado en la última reunión entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, en Barcelona, de poner en marcha patrullas mixtas de control en la muga.

El informe constata que en esos pasos -en el caso de Euskal Herria cuatro están clausurados y en los cinco restantes hay control policial permanente- se producen de forma cotidiana controles discriminatorios que afectan a personas racializadas y que se traducen en la prohibición a estos ciudadanos de transitar hacia el norte de Euskal Herria.

Hablan los firmantes del informe de una violación flagrante de derechos fundamentales y de la legislación en diferentes escalas.

DOCE FALLECIDOS

El informe se detiene en reseñar que esos controles reforzados obligan a las personas en tránsito a adoptar riesgos crecientes y cuantifica en doce las personas que han fallecido desde 2020 tratando de sortear la muga, cruzando el Bidasoa, o cuando se hallaban en su zona cercana, como en el caso de los jóvenes arrollados por el tren entre Ziburu y Donibane Lohizune.

El informe que respalda AI destaca la labor de asociaciones y personas que «se movilizan al lado de los migrantes, por el respeto de su dignidad y de sus derechos».

Las asociaciones piden el fin de los controles discriminatorios y la aplicación de los procedimientos legales estatales, europeos e internacionales en la gestión de la seguridad en la muga, con especial protección para los menores que viajan solos, y, en general, abogan por el respeto de los códigos del Tratado de Schengen.

Solicitan igualmente que se garanticen servicios mínimos de acogida para las personas en tránsito y que se ponga fin a las presiones de que son objeto los ciudadanos y asociaciones que prestan una ayuda esencial para los migrantes.