Era de noche y han pasado 39 años, por lo que reconocer ahora a los policías que dispararon contra los integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas en marzo de 1984 en Pasaia, acabando con las vidas de cuatro de ellos, era, sin duda, tarea difícil para Joseba Merino, superviviente de la masacre. Y, en efecto, la segunda rueda de reconocimiento de los policías terminó ayer sin resultado.

Al igual que el pasado 28 de marzo, cuando tuvo lugar la primera rueda de identificación, dos concentraciones, una a convocatoria de Pasaia Argitu y otra de Sare Antifaxista, reclamaron frente al Palacio de Justicia en Donostia que se investigue la masacre de Pasaia. Porque «esto aún no ha acabado», resaltó Merino al salir del juzgado tras la prueba de identificación fallida.

A la rueda de reconocimiento de ayer solamente se personó un policía, cuando debían haberse presentado tres. Lo que ha pasado con las citaciones es «raro» y puede parecer algo «tramposo», señaló el abogado de los familiares, Santi González, porque ayer les comunicaron que dos de los policías llamados a la rueda están muertos -la vez pasada les dijeron que tan solo uno había fallecido-, aunque la defensa no presentó ningún certificado de defunción.

Por lo tanto, los familiares y el abogado se centran ahora en los siguientes pasos a dar y González adelantó que han pedido a la jueza que la próxima rueda de reconocimiento se realice con las fotografías de carnet oficiales de la época.

ENTONCES SÍ Y AHORA NO

Entre los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a la concentración convocada por Pasaia Argitu estaban también los familiares de los fallecidos en la emboscada -Dionisio Aizpuru “Kurro”, José Mari Izura “Pelu”, Pedro Mari Isart “Pelitxo” y Rafael Delas “Txapas”- y, entre ellos, Pello Aizpuru, hermano de “Kurro”. Ante los medios, mostró en papel el fallo rubricado por el juez Eduardo Calvo Rojas en 1984, quien decidió archivar el caso sobre la emboscada de Pasaia «al no haber sido justificada la existencia de hechos constitutivos de delito» a pesar de que los cuatro cuerpos de los fallecidos presentaban en total 113 orificios de bala. Este juez, recordó, trabajó durante años en el Tribunal Constitucional español.

«Desde ese día, los aparatos del Estado se pusieron en marcha para que las muertes de nuestros familiares quedaran impunes», señaló.

Aizpuru recordó asimismo que las instituciones vascas respondieron, en aquel momento, con firmeza y convencimiento ante los hechos tan graves que se registraron en Pasaia: los ayuntamientos de Azpeitia y Pasaia denunciaron lo sucedido y pidieron la dimisión de José Barrionuevo, entonces ministro español de Interior. El que fuera primer diputado general de Gipuzkoa, Xabier Aizarna, envió un telegrama a los familiares afirmando, vehemente: «Los han matado».

«Entonces no tuvieron pudor en decir las cosas como las pensaban», rememoró Pello Aizpuru. Sin embargo, ahora, cuando un informe encargado por el Gobierno de Lakua -que tardó tres años en entregar a los familiares- reconoce que las cuatro muertes en la bahía de Pasaia fueron producto de una «ejecución extrajudicial» de la Policía española, «las instituciones no dicen nada», criticó.

«Nos escondieron el informe. Y ahora estamos esperando al reconocimiento oficial de las instituciones», insistió Pello Aizpuru, para remarcar después: «Estamos siendo muy mal tratados por las instituciones».