El sindicato Steilas y Ehige han impugnado el decreto de planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria promulgado el pasado febrero por el Departamento de Educación del Gobierno de Lakua, por entender que «iguala la titularidad pública y privada de los colegios», lo que, a su juicio, «contraviene» la legalidad.

La portavoz de Steilas, Nagore Iturrioz, cuya central es mayoritaria entre el profesorado no universitario, y una representante de Ehige -asociación de padres y madres de la Escuela Pública Vasca- comparecieron en rueda de prensa para explicar los motivos de la impugnación, que se presenta ante el TSJPV.

Ambas portavoces recordaron que un informe jurídico del propio Departamento de Educación del Gobierno de Lakua establece que tanto el decreto como el anteproyecto de la Ley de Educación, aprobada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y pendiente de tramitación parlamentaria, «no se adecuan a la legalidad» al contener el concepto de «servicio público de educación», lo que consideran un «subterfugio» para «equiparar centros públicos y privados».

Dicho informe de Lakua determina que «un servicio que incluye en el mismo nivel un tipo y otro de centros no es ni puede ser nunca público, ya que una parte de los centros que lo integran no lo es», indicaron las portavoces de Steilas y Ehige.

Según Iturrioz, dicho concepto «carece de fundamento normativo y es una construcción jurídica sin amparo legal».

SIN PLAZAS PÚBLICAS

Otro motivo de impugnación del decreto consiste en que incumple la garantía de plazas públicas a la que obliga la Lomloe, ley orgánica de 2020 que regula el ámbito educativo y que modifica la Lomce aprobada por el PP en 2013.

«La Lomloe dice que se deben garantizar plazas públicas suficientes, y el decreto habla de ‘plazas sostenidas con fondos públicos’, que no es lo mismo», destacó Iturrioz.

El tercer y último argumento de impugnación por parte de Steilas y Ehige se justifica en que se ha reducido la partipación de la comunidad educativa en el diseño del mapa escolar, lo que calificaron de «retroceso democrático» porque «impide a los agentes participar de forma activa en la elaboración de la oferta educativa».

Todos estos elementos, según resaltaron, se reproducen en el anteproyecto de la Ley de Educación, «que se pretende aprobar en el Parlamento de Gasteiz con tanta premura», puntualizaron.

Tanto Steilas como Ehige creen que la normativa básica impide que el Gobierno de Lakua «haga tal dejación de la Escuela Pública Vasca en el ejercicio de sus competencias» y afirman que el objetivo del Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu es «asegurar el futuro de las escuelas de titularidad privada».