La precariedad y la difícil situación económica, a la que ahora se ha unido una meteórica subida de los tipos de interés, ha revalorizado el alquiler como opción de vida. Sin embargo, el históricamente reducido parque de vivienda en alquiler y el desembarco masivo de fondos buitre con abundantes recursos para adueñarse de los despojos que dejó el estallido de la anterior burbuja inmobiliaria han provocado un extraordinario aumento en el precio de los alquileres. Una situación que poco a poco está escapando al control y empobreciendo drásticamente a las familias trabajadoras.

No menos lesivo ha sido el efecto que ha tenido en la dotación de vivienda en alquiler el extraordinario auge de los pisos turísticos, sobre todo gracias al desarrollo de plataformas de contratación en internet. El turismo se ha convertido en uno de los principales vectores de encarecimiento de la vivienda y de los alquileres. Y la apuesta por este modelo continúa, como lo atestigua el hecho de que el operador turístico Aspasios vaya a construir en el centro de Bilbo un edificio con 47 apartamentos destinados al alojamiento de turistas. Frente a esta realidad, la respuesta institucional ha sido bastante pobre. Ayer mismo, el consejero de Turismo del Gobierno de Lakua, Javier Hurtado, visitó Bruselas, donde se está elaborando un reglamento sobre alquileres turísticos de corta duración, para defender ante las instituciones europeas la necesidad de endurecer las exigencias de transparencia y colaboración a las plataformas de alquiler turístico. Sin duda alguna, una medida necesaria pero absolutamente superflua ante la dimensión que ha alcanzado la avalancha de pisos turísticos. Regular ese mercado vacacional para que no absorba toda la vivienda en alquiler significa establecer límites, algo que no entra en su estrecha ideología liberal.

De hecho, el Parlamento español aprobó en abril la Ley de Vivienda con el voto contrario de toda la derecha -PP, Vox, Cs, Junts, PDeCat y PNV-. La norma incorpora nuevos instrumentos de gestión, similares algunos a los recogidos en la ley vasca, que siguen sin haber sido utilizados. En vivienda, el problema no son las leyes, sino la voluntad política.