El Consejo General de Trabajo Social y los Colegios Oficiales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han denunciado que Lakua incumple la legislación sobre evaluación de víctimas de violencia de género, víctimas de agresión sexual y de pro- tección jurídica de las personas discapacitadas.

En rueda de prensa conjunta celebrada ayer, reclamaron al Ejecutivo que «aumente los ratios de trabajadoras sociales forenses» para poder realizar, conforme a las nuevas leyes, las valoraciones dirigidas a los tribunales de justicia.

La vocal del Consejo General del Trabajo Social y experta forense, Marta Simón, explicó que las trabajadoras sociales forenses informan en los tribunales, «tanto de las situaciones sociales, familiares y culturales como de los contextos en los que se han producido los delitos», dentro de un trabajo conjunto que realizan con médicos y psicólogos, y criticó que Lakua «incumple la legislación en la garantía jurídica de estas personas, al quedar sesgada la perspectiva social», por la falta de efectivos. «Tiene que incorporar a trabajadoras sociales forenses a los equipos interdisciplinares para poder realizar las valoraciones como marca la ley», emplazó.