Tras meses de debate, en abril se aprobó en el Congreso la Ley de Vivienda estatal. El Gobierno español la sacó adelante con el principal apoyo de ERC y EH Bildu, que calificó la norma de «un paso corto, pero necesario» para frenar la desregularización que beneficia a los grandes propietarios. Frente a ella se posicionaron las formaciones de la derecha, incluido el PNV, que alegó una invasión de competencias e incluso amenazó con un recurso de Lakua al TC.

La nueva ley ofrece a las instituciones locales la posibilidad de regular ese mercado. Por ejemplo, pueden declarar zonas tensionadas con el fin de regular los precios, como lo ha hecho ya Catalunya. Eso es precisamente lo que pide con insistencia Stop Desahucios a las instituciones vascas, pero el PNV se niega a hacerlo.

Mientras, la situación sigue siendo acuciante para muchos jóvenes, que no pueden emanciparse, y para muchas familias, que, debido a los precios tienen que destinar al alquiler mucho más del 30% de la renta recomendado por los expertos. Así, en 2022 se materializaron 1.001 desahucios en Hego Euskal Herria mientras que se estima que hay unas 70.000 viviendas vacías.

Rosa García, activista de Stop Desahucios, valora la situación en esta entrevista y alerta de los problemas que habrá en un futuro próximo.

¿Cómo valoran la Ley de Vivienda?

La consideramos positiva, pero también vemos muchas deficiencias. Una de ellas es que no garantiza una salida habitacional a las familias vulnerables con demandas de desahucio por impago. La salida que hay es más garantista cuando el arrendador es un gran tenedor o un fondo buitre, pero cuando es un particular (que es el caso en la mayoría de contratos de alquiler) prácticamente no hay ninguna salida habitacional. Además, nos tememos que cuando el 31 de diciembre finalice la última prórroga del decreto antidesahucios va a haber muchísimos problemas con esas familias, que, debido a los precios, no pueden acceder al mercado de la vivienda.

El PNV se ha mostrado contrario, poniendo como escusa la «invasión de competencias». ¿Qué opina?

Estamos muy preocupados por ello. En la última comparecencia en el Parlamento Vasco, el representante del PNV nos dejó muy claro su postura contraria e incluso dijo que estaban barajando impugnarla. Lo que esconde la excusa de la ‘invasión de competencias’ es que realmente no quieren controlar los precios porque toca el principio de la propiedad privada. La propia Ley Vasca de Vivienda, aprobada en 2015, en su preámbulo, habla de que la vivienda es un derecho, y de alguna manera lo antepone al derecho a la propiedad. El PNV, junto al PP, también votó en contra de esa ley, y ha estado torpedeando la movilización de las viviendas vacías.

Desde Stop Desahucios defendemos este aspecto de la Ley de Vivienda estatal porque es totalmente necesario. En Euskadi hay una escalada de precios, que es insostenible, hasta el punto de que muchas familias no pueden pagar los alquileres, sobre todo los jóvenes y las familias con hijos menores a su cargo.

Donostia es la segunda ciudad con el metro cuadrado más caro del Estado.

Sí, además, la subida incontrolable y desorbitada de los precios, tanto de alquiler como de compra en Donostia, que es donde más han aterrizado los fondos buitre y los pisos turísticos, se está expandiendo por todo el territorio. Gipuzkoa ya es la tercera provincia más cara a nivel estatal, y no se garantiza el acceso a una vivienda digna y asequible.

En Bilbao, en el barrio de San Francisco, cada vez son más los pisos que están cayendo en manos de fondos buitre, que están viendo un nicho de negocio en la futura regeneración de la zona con la llegada del TAV.

Los centros de las ciudades son muy golosos para estos fondos buitre, y más cuando hay proyectos de regeneración. Estos fondos buitres compran viviendas modestas y antiguas y las reforman para incluso triplicar el precio del alquiler. La dinámica es la especulación. Existen datos que dicen que más del 50% de la compra-venta de viviendas se hace sin préstamos hipotecarios, lo que evidencia que la vivienda se ha convertido en una negocio con mucha rentabilidad económica.

Por ello, tiene que haber un compromiso por parte de las administraciones para regular todo esto. En el momento en que se vea que no hay manga ancha, que hay un control y que cada uno no puede hacer lo que le da la gana, es cuando va a haber una contención de los precios.

Otro fenómeno que estamos viendo en los últimos años es el alquiler de habitaciones.

Así es, y esa es una de las cuestiones que no controla la Ley de Vivienda ni la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ahora, el negocio de los grandes tenedores se dirige al alquiler de habitaciones. Ya hay viviendas en las que cada habitación tiene su propia tarjeta para entrar. Sobre todo se hace en las viviendas grandes, en las que hay cuatro o cinco habitaciones y alquilan cada una por separado a un precio desorbitado. Por ejemplo, en Donostia, ya han llegado a superar los 450 euros mensuales. Así, la rentabilidad es máxima.

Además, este nuevo negocio está generando situaciones de hacinamiento en zonas con rentas más bajas. Se aprovechan especialmente de los migrantes, a los que a muchos ni tan siquiera empadronan, y hay casos en los que en una vivienda hay una familia entera por cada habitación con un solo baño y cocina para todas.

¿Cómo ve el futuro próximo?

Ya hay una gran alarma habitacional y la situación puede ir a peor. Nosotras estamos ahora alertando de que en unos meses nos vamos a encontrar con una situación aún peor debido a la subida del Euribor, que en un año se ha elevado del 0,8% al 4% y va en aumento. Muchas familias se están acercando a Stop Desahucios y nos dicen que la hipoteca se les ha encarecido 300 euros.