Es urgente realizar un estudio sobre las veces que se descubre una negligencia administrativa tras una tragedia accidental. De momento hay constancia de trece fallecidos en un incendio en una discoteca que se desdobló en Murcia. A las treinta y seis horas del suceso acaecido a las siete de la madrugada, se descubre que no existía licencia de apertura municipal desde enero de 2022. Es decir, operaba de manera ilegal, pero a la vista de cualquiera, ya que convocaba a cientos de clientes, se anunciaba de manera profusa en medios, cartelería y redes sociales, se celebraban fiestas conmemorativas de todo rango social y estaba situada en un polígono muy conocido y concurrido como zona de ocio nocturno.

Afecta a dos consistorios, el anterior socialista, y el actual, pepero, cuyos concejales del ramo han comparecido juntos para dar unas explicaciones que alimentan la sospecha de alguna connivencia con los responsables de esa o esas discotecas, a los que acusan de ser los únicos que deben responder por lo sucedido y por abrir cuando no tenían permiso y estaban alertados de la suspensión de la licencia. Uno de ellos asegura que la inspección fue una vez, pero estaba el local cerrado. No puede ser más cínica la excusa.

Esta todo en manos de la justicia, hay cuerpos sin identificar, los relatos de los supervivientes responden a una noción confusa del tiempo real, las administraciones son muy restrictivas ante ciertas actividades y muy permisivas en otras. Los negocios públicos de la noche son propicios a roces con la legislación vigente y complicidades que acaban siendo muy peligrosas.