El Pleno del Tribunal Constitucional español avaló ayer por unanimidad que los Gobiernos de Lakua y Nafarroa gestionen el Ingreso Mínimo Vital. Rechazó, así, el recurso de Vox contra una disposición adicional de la ley de Ingreso Mínimo Vital que prevé que las comunidades autonómicas de régimen foral asuman, previa firma de un acuerdo con el Estado, la gestión y pago de dicha prestación en su territorio.

La sentencia dictamina que la tramitación y reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital no afecta a la caja única porque la normativa que habrán de aplicar las comunidades es íntegramente estatal y el Estado se reserva funciones, como la fijación de criterio, gestión del sistema de la tarjeta social digital, que garantizan el mantenimiento del modelo unitario y el funcionamiento económico uniforme.