LAB se concentró ayer ante la sede de las Juntas Generales de Gipuzkoa para insistir en la necesidad de publificar los servicios de cuidados, garantizando unas subidas salariales acordes al IPC y mejorando los ratios para reducir las «excesivas e insostenibles» cargas de trabajo.

Una veintena de personas se dio cita ante la sede foral de Miramon (Donostia), donde desplegaron una pancarta con estas reivindicaciones que en los últimos meses se han puesto en el centro del debate político, tal y como se puso de manifiesto durante las negociaciones de los últimos presupuestos.

Representantes del sindicato subrayaron que «la ciudadanía de Gipuzkoa conoce bien la situación del personal que trabaja en las residencias, en la intervención social, en el servicio de ayuda a domicilio y en los servicios para personas con diversidad funcional».

Apuntaron a la Diputación como responsable. «Hace años que nuestros gobernantes, de la mano de la patronal, emprendieron la privatización de los puestos de trabajo relacionados con las tareas de cuidado», lo que ha llevado a «priorizar los beneficios de las empresas por encima del derecho a unas condiciones de trabajo dignas y unos servicios públicos de calidad».

«La tendencia capitalista está profundizando el proceso de mercantilización de los cuidados y la precarización de las mujeres trabajadoras, desde que apostaron por sacar provecho económico de estos servicios verdaderamente esenciales», añadieron.

Respecto a los salarios, señalaron que «no hay garantía del IPC», porque «los incrementos salariales deben ser acordados por convenio» entre los sindicatos y la patronal, pero la negociación colectiva está totalmente condicionada por la Diputación de Gipuzkoa, que, siendo la principal titular y financiadora de la mayoría de los servicios, es la que limita la capacidad económica de negociación de la mayoría de las asociaciones empresariales».

Ello implica que «a día de hoy en los sectores citados no existe ninguna garantía de mantener el poder adquisitivo de las trabajadoras».

En cuanto a los ratios, denunciaron que la Diputación que lidera Eider Mendoza establece unas «cargas de trabajo excesivas e insostenibles» que «ni siquiera se cumplen», porque van más allá. «La mejora de los ratios es una cuestión de urgencia porque el exceso de carga de trabajo está causando graves daños en la salud física y social de las trabajadoras», a lo que cabe sumar «el impacto innegable en la calidad del servicio».

Por estos motivos, LAB reclamó «un cambio de modelo» para «acabar con la privatización» y «dignificar las condiciones», y anunció nuevas movilizaciones para el día 16 de febrero, con una caravana de coches que partirá de Garbera a las 08.00 horas y una concentración a las 11.30 horas en la plaza Gipuzkoa.