Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, Steilas y ESK han convocado para el 12 de marzo una nueva jornada de huelga en los servicios públicos de la CAV «ante la nula voluntad política para negociar aquí las condiciones laborales», según dieron a conocer ayer en una comparecencia en Bilbo. Estas centrales tienen un 80% de repre- sentación en el sector público de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

El pasado octubre realizaron otra huelga en el sector público de la CAV con las mismas reivindicaciones, y según expusieron en la rueda de prensa no ven otra opción que mantener la movilización «para conseguir una mejora real de las condiciones laborales y del sector público». Denunciaron, al respecto, que mientras las diputaciones y el Gobierno de Lakua han tenido una recaudación récord y superávit presupuestario, la temporalidad ha llegado a máximos históricos y la pérdida de poder adquisitivo se ha acrecentado durante los últimos años.

«Mientras que en el sector privado se están alcanzando mejoras con subidas salariales superiores al IPC en diferentes convenios sectoriales gracias a la movilización, en el sector público es Madrid quien, con la connivencia de instituciones y partido políticos vascos, sigue sosteniendo la batuta», expusieron y lamentaron que «la pérdida del poder adquisitivo de estos dos últimos años supera el 8%». «Además, la temporalidad general ha alcanzado su máximo histórico, con un 44% (en algunos sectores como Osakidetza pasa del 50%), superando los 65.000 trabajadores y trabajadoras», explicaron los sindicatos.

NO SE HAN DADO PASOS REALES

«A pesar de que el acuerdo de investidura entre el PNV y PSOE abría la puerta a poder decidir aquí los salarios y el empleo -dejando claro que atender las peticiones de los sindicatos es cuestión de voluntad política, no un imposible-, no se han dado pasos reales en la consecución de ese objetivo», añadieron, y como ejemplo de ello mencionaron que en los presupuestos aprobados en el Parlamento de Gasteiz para este ejercicio «se incluye, en el artículo 19, un sometimiento expreso a las decisiones de Madrid en materia de salarios y empleo».

En este sentido, instaron a los partidos políticos a apostar por la eliminación de «los vetos impuestos por Madrid» durante la negociación de los presupuestos españoles para poder decidir en Euskal Herria las condiciones laborales de los trabajadores públicos vascos.

LAKUA NO VE RAZONES

Tras conocerse la convocatoria, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno de Lakua, Olatz Garamendi, señaló que el Ejecutivo autonómico considera que «no hay razones objetivas» para la huelga y subrayó que «mantiene las puertas abiertas a la negociación».

La consejera insistió en que respeta la actividad sindical, pero señaló que a su juicio no existen razones objetivas para las movilizaciones. Garamendi expuso como argumento «las propuestas de mejora» que ha planteado su departamento y añadió que «cuando quieran, estamos ahí».

Además, hizo un balance de las actuaciones en la función pública que se han desarrollado durante esta legislatura. Anunció que las primeras plazas del proceso de consolidación del empleo público en la administración autonómica, 1.600, se adjudicarán a principios del mes de mayo y los trabajadores tomarán posesión de sus puestos en julio. Corresponden principalmente a las escalas administrativa, personal de apoyo, administrativa y técnica de enfermería.