Rishi Sunak aseguró ayer que el primer vuelo con personas migrantes en situación irregular, cuyas solicitudes de asilo no fueron aceptadas en Gran Bretaña, saldrá del territorio británico hacia Rwanda en «diez o doce semanas». «Despegarán, pase lo que pase», insistió Sunak, cuyo proyecto de ley es una respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia británico que frenó en noviembre del año pasado su plan, al considerarlo ilegal. Avisó de que su Gobierno ya tiene asignado un aeródromo y aviones comerciales chárter reservados, pese a que el polémico marco legal sobre el que pivotará esta iniciativa aún está pendiente del visto bueno del Parlamento británico.

Gran Bretaña y Rwanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron al Supremo a tumbar el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas tories para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del canal de la Mancha.

El texto ha estado en las últimas semanas en una fase de «ping-pong», yendo de la Cámara de los Lores a la de los Comunes en busca de consenso en el Parlamento británico. Tras varios debates infructuosos, el proyecto de ley volvió ayer a la Cámara de los Comunes, que debía pronunciarse -previsiblemente, el texto volverá a su redacción original-.

Desde su llegada a Downing Street, hace un año y medio, el conservador Rishi Sunak busca concretar el proyecto del Gobierno de Boris Johnson, lanzado en 2022 y que no ha conseguido ponerse en marcha.

Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades, prometió que «sin condiciones ni peros» el plan de su Ejecutivo saldrá adelante para que sea una fuente disuasoria para otros migrantes y aseguró que los parlamentarios debían aprobar anoche mismo el proyecto de ley, aún si ello implica que la sesión se extienda varias horas.

El primer ministro quiere poner en marcha su plan antes de las elecciones legislativas británicas, sin fecha todavía, pero que deben realizarse antes de finales de enero de 2025. Los conservadores, que llevan catorce años en el poder, están en clara desventaja en los sondeos respecto a los laboristas.

El nuevo proyecto de ley obligaría a los jueces a considerar a Rwanda como un «país seguro» para los expulsados y otorgaría a los ministros el poder de ignorar secciones del derecho internacional y británico de derechos humanos.

El Ejecutivo rechaza ceder a las dos enmiendas solicitadas por la Cámara de los Lores, órgano consultivo de los Comunes, que votan las leyes. La primera pide la exención de la deportación para las personas que trabajaron con el Ejército británico en el extranjero, como los intérpretes afganos. La segunda solicita un supervisor independiente para determinar si Rwanda es realmente un país seguro.