Para quienes llegaron al mundo en los albores de este siglo o en los coletazos del anterior, las camisetas rojas que los encausados en los sumarios 18/01 y 15/02 portaron en la Audiencia Nacional -para desesperación del juez Alfonso Guevara- y los muros populares levantados en numerosas localidades para evitar la detención de sus vecinos y compañeras son símbolo de la rebeldía juvenil contra la represión estatal. Igual que las redadas policiales que periódicamente se llevaban a chavales y chavalas por docenas por trabajar políticamente en organismos ilegalizados por la Justicia española son ejemplo de esa misma represión.

Sin embargo, las acometidas contra la juventud vasca, y en concreto la que se define a sí misma como de izquierdas y abertzale, vienen de bastante más atrás, prácticamente desde que decidió estructurarse y organizarse como tal.

EL V CONGRESO DE JARRAI

Ejemplo de ello es lo ocurrido en el instituto Gabriel Aresti de Bilbo el 9 de mayo de 1992, que “Egin” expuso elocuentemente en su portada del día siguiente: «Buesa autorizó el asalto de la Policía para reventar el V Congreso de Jarrai».

La información hacía referencia al operativo desarrollado desde primera hora por la Policía española en el barrio de Txurdinaga para desbaratar la cita congresual del organismo juvenil. Una actuación que tal como se explicaba en páginas interiores había sido autorizada por el entonces consejero de Educación de Lakua Fernando Buesa (muerto ocho años después en atentado de ETA junto a su escolta Jorge Díez).

Según se indica en la crónica, fuentes del Gobierno Civil de Bizkaia señalaron que, «ante el conocimiento de que se celebraba una reunión clandestina, se pidió autorización al Consejero de Educación para acceder al local e identificar a las 315 personas que se encontraban allí». Ocurría, sin embargo, que los organizadores del congreso contaban con todos los permisos necesarios por parte de la dirección del instituto bilbaino. Poco había ahí de clandestino.

La irrupción policial, desarrollada con gran despliegue de medios, incluyendo coches camuflados y furgonetas, se llevó a cabo en un momento en que Jarrai iba adquiriendo gran protagonismo entre una juventud vasca que apenas lograba sacar cabeza entre altas tasas de desempleo y precariedad, con la sombra de la desindustrialización muy presente y con perspectivas de futuro tirando a oscuras. Y se saldó con la identificación de todos los congresistas y la detención de Mikel Zubimendi y Joseba Kamio por «resistencia a la autoridad». A los dos portavoces de Jarrai se les sumarían por la tarde otros 21 jóvenes, con igual acusación, por protestar frente a la comisaría.

Cargos electos y abogados como José Ramón Etxebarria, Tasio Erkizia, José Mari Elosua y Kepa Landa, que acudieron al lugar, calificaron de «inaudita» aquella operación que, según interpretaron, no tenía «ninguna apoyatura legal» e iba «más allá de lo permitido por la Ley Corcuera». Y eso era decir mucho, pues la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que se había aprobado mes y medio antes y era conocida como «Ley de la patada en la puerta», ya apuntaba maneras.

«No se respetan ni los mínimos derechos democráticos», criticaron ante los medios los miembros de Herri Batasuna. No sería, ni mucho menos, la última vez que representantes independentistas tendrían que hacer esa misma denuncia con los y las jóvenes como protagonistas, muy a su pesar.

TRÁGICO ACCIDENTE EN ARKAUTE

La gravedad política de lo ocurrido en Txurdinaga ni siquiera quedó opacada por una trágica noticia conocida ese mismo día: un tremendo accidente de tráfico había ocurrido en la madrugada del día 9 en Araba. «Diecisiete muertos al volcar un autobús en Arkaute», explicaba el titular de “Egin”, al que acompañaban fotografías del vehículo siniestrado, convertido en «un amasijo de hierros».

El autocar, que volcó en las inmediaciones de la academia de la Ertzaintza, cubría el trayecto Lisboa-París, y la mayoría de las personas fallecidas o heridas -casi todos los pasajeros- era de origen portugués, aunque había también afectados de otras nacionalidades, como holandeses, daneses, un cuidadano de Zaire y otro de Nueva Zelanda. Algunos iban de vacaciones a Eurodisney.

En un primer momento, dada la posición del autobús, apoyado sobre uno de sus laterales tras caer por un terraplén de cinco metros, la Ertzaintza solo contabilizó seis víctimas mortales, pero cuando se levantó el vehículo pudo verse la dimensión de la tragedia.

Las primeras investigaciones apuntaron a un fallo humano -somnolencia o mareo del conductor- como causa del siniestro, que dejó escenas de dolor y desconsuelo, pero no se pasó por alto que en ese mismo punto y apenas unos días antes un camión también había sufrido un accidente. De hecho, una parte de la carga del mismo que aún permanecía en el terraplén hizo de freno para el autobús.

Desgraciadamente, no lo suficiente para evitar que se produjera una de las peores tragedias viales en la historia de Euskal Herria.

[1985-1995] «Le Monde» puso negro sobre blanco y «Egin» dio los detalles

«Policías españoles dirigen a los mercenarios de los GAL». Este contundente titular, publicado por “Egin” hace hoy 39 años, hacía referencia a una información de “Le Monde”, que en un extenso artículo analizaba la actividad de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que ya llevaban años actuando mortalmente contra refugiados vascos.

El influyente periódico francés confirmaba de esa manera lo que en las calles de este país era más que una sospecha, una convicción: que esas siglas no eran más que el nuevo ropaje de la guerra sucia del Estado español contra el independentismo vasco.

El de los GAL fue un capítulo terrible de una práctica desarrollada durante décadas por el Estado español -con la necesaria colaboración francesa- que “Egin” describió al detalle en el anuario de 1995, un concienzudo trabajo de investigación y documentación que resumía las acciones paramilitares desde 1975 hasta esa fecha. El dosier, al que se puede acceder a través de NAIZ, aportaba toda la información sobre una realidad a la que la práctica totalidad de los medios y la mayoría de los partidos políticos intentaron poner sordina.