El 31 de octubre. Es la fecha límite para las familias de Gros (Donostia), hasta ahora cuatro, que han recibido un burofax del fondo buitre Azora en el que se les insta a abandonar su vivienda. Residen en tres bloques diferentes que suman 75 pisos, de los cuales unos 50 están ya vacíos, explicó Alberto López, uno de los afectados.

La solución podría pasar por la declaración de zona tensionada, que otorgaría una prórroga de tres años en los contratos. Pero los plazos aprietan. Las plataformas Inquilinos Azora, Stop Desahucios y Alokairu reclaman al Ayuntamiento que pise el acelerador, y para ello han redactado una moción de control que EH Bildu y Elkarrekin presentarán en la sesión plenaria de mañana. Los tres colectivos invitan a la ciudadanía a concentrarse ante el edificio consistorial a las 11.45.

La demanda a las instituciones no se detiene ahí, y reclaman a la Diputación que remita al Ministerio español de Vivienda, una vez termine esta semana la campaña de la renta, los datos de los contribuyentes que se necesitan para calcular las cantidades máximas a pagar como alquiler.

Y la tercera pata la conforma el renovado Gobierno de Lakua. El anterior dejó tareas pendientes, como la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de la declaración de Errenteria como municipio tensionado, tras lo cual se abrirá un plazo de 20 días para alegaciones.

Rosa García, de Stop Desahucios, alertaba de que si Donostia espera hasta septiembre para entregar su documentación será tarde para estas familias de Gros.

Además, Inquilinos Azora, Stop Desahucios y Alokairu anunciaron que solicitarán tras el verano una cita ante el nuevo consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE), para instarle a que aplique la ley estatal, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado los recursos presentados, entre otros, por el anterior Ejecutivo de Lakua.