El panorama del activista saharaui de 23 años retenido desde hace doce días en el aeropuerto de Loiu se complicó ayer por la tarde, pues la Audiencia Nacional desestimó las medidas cautelares planteadas por su defensa para impedir su deportación. Pese al riesgo de que sea encarcelado por actividades políticas, el tribunal especial español consideró que no hay pruebas suficientes para frenar la expulsión.

Sostiene en su auto que las fotografías y un teléfono (que estaría roto) aportados para justificar la persecución política no permiten determinar que deba recibir asilo. La petición anterior a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ya había sido desestimada, según explicó Zehar Errefuxiatuekin el miércoles.

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se considera al joven, estudiante de Derecho, «activista saharaui» y «perseguido», y por lo tanto merecedor de ese grado de protección internacional. Pero la AN no ha atendido a este argumento.

Por tanto, si nada lo impide, este joven será metido en un avión a primera hora de esta tarde con destino a Tánger. Una de las alternativas para evitarlo pasaría por deportarlo a un tercer país, pero las autoridades españolas mantienen de momento la intención de devolverlo a Marruecos.

UN PERFIL «ALTÍSIMO»

Zehar-Errefuxiatuekin consideró «inadmisible» esta decisión, porque el de este joven, aseguró, «es un perfil altísimo» con «una historia de persecución muy bien fundamentada y documentada». «Sería terrible que el Gobierno español no entienda que son motivos suficientes para admitir su solicitud de asilo», valoró Javier Galparsoro, presidente de este organismo, que ha ofrecido apoyo a los abogados que están llevando el proceso de solicitud desde que llegó a Loiu.

Antes de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, Ongi Etorri Errefuxiatuak y Mugak Zabalduz denunciaron que el comportamiento del Gobierno y la Policía española, «que a nuestro entender no está basado en la ley y el derecho, pone en riesgo la vida de esta persona al ser deportada al país del que estaba huyendo por persecución». Por ello, exigieron paralizar la expulsión.

La asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Araba también censuró la situación del joven, incidiendo en que «el Gobierno español y la Policía española pretenden aplicar sus propios reglamentos en lugar de la ley y el derecho, poniendo en peligro la libertad e incluso la vida de esta persona». «Denunciamos, igualmente, las inhumanas condiciones en las que, al igual que otras personas en su situación, se encuentra retenido», añade este organismo, que apeló «a las instituciones, partidos y ciudadanía vasca, que en tantas ocasiones han proclamado su solidaridad con la justa causa saharaui para que se movilice y consiga paralizar esta injusta expulsión».

Exigen al Gobierno español que busque una solución

Una concentración en la Plaza Elíptica de Bilbo, ante la Subdelegación del Gobierno español, instó al Ejecutivo a que busque una solución para el joven retenido en Loiu. En la movilización participaron miembros de la comunidad saharaui en Euskal Herria y de Ongi Etorri Errefuxiatuak. El abogado y presidente de Zehar, Javier Galparsoro, explicó que «desgraciadamente» la situación es «delicada», pero aun así dijo que mantiene «la esperanza». «Esto no va bien, pero no ha terminado. Hay mucha gente trabajando», destacó, al tiempo que felicitó al pueblo saharaui «por la solidaridad y el coraje que está demostrando». Asier ROBLES