Tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que se prolongó más de lo esperado, Santiago Abascal anunció ayer noche que los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox presentarán su dimisión y su partido pasará a ejercer una oposición «leal y contundente» en las autonomías en las hasta ahora gobernaba en coalición con el PP.

Por la mañana, la formación ultraderechista ya había desligado la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los Gobiernos en coalición que mantienen con el partido de Núñez Feijóo en los ayuntamientos.

En su intervención, el presidente de Vox trasladó que la Ejecutiva de su partido «ha constatado» que los pactos suscritos con el PP «están rotos como consecuencia de la agresión» de Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de «obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales». Y lo hizo, según denunció, «a sabiendas de que su socio, al que han mentido y confundido, no estaba de acuerdo» con tal medida.

Así, explicó que la ruptura de los pactos se materializará con la dimisión de los cuatro vicepresidentes autonómicos (Alejandro Nolasco, Aragón; Vicente Barrera, Comunidad Valenciana; José Ángel Antelo, Murcia; y Juan García-Gallardo, Castilla y León) y Vox retirará su apoyo parlamentario al PP en las autonomías, lo que incluye Baleares.

«Vox pasará a ejercer una oposición tan leal y contundente como en el resto de España», agregó, afirmando que su formación no tiene «apego a los sillones» y que dan importancia a sus ideales.

Santiago Abascal aseguró que Vox «ha cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar» los Gobiernos autonómicos con la vista puesta en «consolidar una alternativa nacional», pero lamentó que es «imposible pactar con quien no quiere hacerlo» y «pretende imponer políticas de fronteras abiertas».

Aludía así a Feijóo, al que acusó «primero de impedir y luego de torpedear» los acuerdos en las autonomías. En esta línea, arremetió contra el líder del PP por «pactar permanentemente con el autócrata corrupto» de Sánchez.

En un comunicado hecho público horas antes de una comparecencia que se hizo esperar, aunque vaticinaba la transcendencia del anuncio, la formación ultra dijo que «tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar».

Por la noche, el líder de Vox quiso remarcar el rechazo de su formación a la inmigración «ilegal», sobre la que advirtió «por activa y por pasiva», por generar «inseguridad, delincuencia y un coste económico cada día mayor a todos los españoles». «Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas», subrayó.

FEIJÓO DEFIENDE LA «COHERENCIA»

Antes del cónclave de los de Abascal, Feijóo defendió la importancia de ser «coherente con lo que uno piensa» en medio de la crisis abierta con Vox y la posible ruptura de los pactos autonómicos que mantienen ambas formaciones, luego ratificada por la formación de ultraderecha en una comparecencia con todos sus integrantes acompañando a su líder.

«Tranquilidad» fue el mensaje que repitieron varios miembros de la cúpula del PP ante esa posible ruptura de los acuerdos, subrayando además que esas autonomías tienen aprobados los presupuestos de 2024, lo que da «estabilidad» a esos Ejecutivos regionales.

Desde la cúpula del PP están convencidos de que la distribución de los menores migrantes es una «excusa» y que este «órdago» de Vox obedece en realidad a otras circunstancias, como buscar notoriedad al estar desdibujado en los últimos meses.

Además, citaron como posible razón la irrupción de Alvise en el Parlamento Europeo, algo que, según fuentes del PP, hace que los de Abascal ahora quieran «buscar relevancia». «Esto no es por 30 menores migrantes porque ese reparto ya se venía haciendo en las comunidades», resumió un miembro de la dirección del PP, que recalcó que Vox ha recibido un «toque atención» con Se Acabó la Fiesta «y eso les genera tensión».

En Génova insistieron en que la decisión que han tomado sus autonomías es «coherente». «Estamos tranquilos porque hemos hecho lo que tenemos que hacer. Nuestra decisión es coherente y explicable», añadieron las fuentes consultadas.

Además, fuentes del equipo de Feijóo consideraron que, si se confirmaba esa ruptura, a Pedro Sánchez «se le cae el discurso» de asociar continuamente al PP con la «ultraderecha» de Vox.

Desde Génova confirmaron que hasta la mañana de ayer no se había producido ningún contacto entre Feijóo y Abascal. El líder del PP sí que estuvo informado de la situación por sus presidentes autonómicos, con los que conversó por teléfono.

Desde el PP no quisieron adelantar acontecimientos, a la espera de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox pero subrayaron: «Cuando uno no está en una casa cómodo, tiene que hacer lo que considere oportuno».

Eso sí, fuentes del PP admitieron que esa ruptura no era un camino tan sencillo porque no todos los cargos de Vox quieren abandonar sus actuales responsabilidades en los Gobiernos autonómicos, que acaban de cumplir un año.

DUDOSO CONSENSO EN TENERIFE

Según la propuesta del Ejecutivo español, las autonomías en las que PP y Vox gobernaban en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia 30. Baleares, donde el PP gobierna en minoría gracias al apoyo externo de Vox, acogería diez.

En total las diferentes comunidades autónomas se repartirán 400 migrantes, por lo que las del PP-Vox asumen solo el 27%. No ha habido consenso sobre la propuesta del Gobierno Sánchez de hacer estos repartos obligatorios mediante una modificación en la Ley de Extranjería.

De hecho, la consejera de Lakua, Nerea Melgosa, se mostró muy crítica con lo ocurrido. Entiende que la conferencia se ha «cerrado en falso» con «un parcheo» y alertó de que «así no se hacen políticas de migración».

A la CAV le corresponderá asumir a 18 migrantes según el reparto alcanzado. Por encima de ello, Melgosa dijo que hace falta dar profundidad a esta cuestión con un «plan de contingencia», propuesta que trasladó Lakua. Y anunció que, así las cosas, «este es el último plan de respuesta que se va a apoyar».

Por lo que respecta al Gobierno navarro, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, trasladó la máxima disposición del Ejecutivo para colaborar con la situación de estos menores. Le corresponderá acoger a 15 y el departamento ha comenzado los trámites para que sean trasladados a Nafarroa cinco de ellos.

Torres afirma que la reforma de la Ley de Extranjería es «imprescindible»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer que es «imprescindible» que se apruebe la modificación de la Ley de Extranjería para la acogida obligatoria de los menores migrantes entre todas las autonomías.

Torres señaló que el Gobierno español no se quiere «rendir» e insistió en que la reforma tiene que salir adelante, al tiempo que restó importancia a que Junts no la apoye porque «bastaría con que el PP le diera el sí».

El ministro manifestó que si quieren ser solidarios con la población vulnerable «tienen una oportunidad para que ese discurso vaya parejo con los hechos, de manera que el Congreso y el Senado apoyen de manera mayoritaria esta modificación de la ley».

No existe un «plan b» para resolver el problema que afecta a Canarias y a Ceuta porque el Estado no puede imponer una distribución de los menores inmigrantes no acompañados que llegan en pateras y cayucos, al tratarse de una competencia autonómica y, por ello, abundó, «tenemos que acotar todas las fuerzas para que esta modificación legislativa se pueda aprobar».

Reiteró que el acuerdo adoptado en la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia para distribuir a unos 400 menores no resuelve la contingencia migratoria de Canarias y Ceuta, que aglutinan prácticamente al 50% de niños y adolescentes que se encuentran en el Estado español.

Torres dijo que se trata de una situación de «emergencia» y no se dispone de tiempo, con el sí del PP el nuevo protocolo de acogida sería «inmediato y podría aplicarse ya este mismo mes». GARA