Nafarroa debería tener asumida la competencia de Tráfico en exclusiva desde julio del año pasado. Tal paso no supondría la desaparición inmediata de las patrullas de carretera de la Guardia Civil, pero sí el inicio de un proceso, abriendo pasarelas voluntarias para cambiar de cuerpo policial, que acabaría con la Policía Foral como única responsable del control del tráfico, de forma análoga a lo que sucede en la CAV con la Ertzaintza .

En febrero cambió el guion, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo donde negaba contra toda evidencia empírica que la de Tráfico fuera una competencia propia. Y en la que el Alto Tribunal se contradijo a sí mismo.

Como la voluntad política era la de seguir adelante, la forma más rápida y jurídicamente segura, según el Gobierno navarro, era la de una reforma exprés del Amejoramiento.

Esta modificación, ya aprobada y recientemente refrendada por el Consejo de Ministros, debe ser validada después por el Congreso de los Diputados, lo que implica nuevos retrasos. Según detalló ayer el consejero de Presidencia, Félix Taberna, probablemente no salga en el Boletín Oficial hasta enero.

Taberna dio explicaciones tras una reunión de la Junta de Transferencias, el órgano con representación parlamentaria que coordina con el Estado los pormenores del traspaso.

En su comparecencia, indicó que la falta de competencia que el Tribunal Supremo observó para la «detección de infracciones» y el trabajo legislativo que se hará necesario para cambiar esto les ha obligado a replantearse el plazo y ampliarlo a julio de 2026.

«La cuenta atrás empezaría en la reforma de nuestro Amejoramiento. Si la reforma se publica en el Boletín Oficial del Estado y el de Navarra en enero de 2025, a partir de ahí nos ponemos a trabajar para que se haga efectiva la transferencia», precisó el consejero.

El proceso forzado por el Supremo para completar el traspaso de Tráfico (que acarrearía también el que Nafarroa pasaría a ingresar el dinero de las multas, que ahora se lo lleva el Estado) está siendo apoyado por todas las fuerzas presentes en el Parlamento, salvo PP y Vox.

Desde su anuncio en 2018, la reclamación para recuperar Tráfico ha enfrentado resistencias de las instituciones estatales. Tras las novedades de ayer, y si todo va como anunciaron, van a ser 8 años solo para conseguir el reconocimiento formal para poder iniciar la salida paulatina de los, aproximadamente, 220 agentes que mantiene hoy la Guardia Civil asignados a su sección de Tráfico.