Como estaba anunciado, EH Bildu, PNV y PSE votaron ayer en la comisión de Hacienda de las Juntas de Gipuzkoa a favor del informe de conclusiones elaborado por la ponencia para la reforma fiscal. Elkarrekin y el PP se abstuvieron.

El informe aprobado establece como primer objetivo general «garantizar un sistema fiscal justo, progresivo, equitativo y solidario, esencial para el fortalecimiento de los servicios públicos».

Este nuevo sistema «debe aumentar la progresividad fiscal, logrando empleos de alto valor añadido con salarios adecuados y asegurando que las rentas altas, medias y bajas contribuyan de manera equitativa a la carga tributaria».

El portavoz del PNV, Ianko Ganboa, destacó que «este consenso refleja el compromiso con una política constructiva en beneficio del territorio» y subrayó que su partido «se compromete a establecer un marco fiscal que permita a la actividad económica del territorio generar los recursos públicos necesarios para responder a las necesidades de la sociedad, así como reducir los espacios susceptibles de potenciales fraudes fiscales».

Ganboa hizo hincapié en tres retos cruciales en los que la fiscalidad juega un papel fundamental: la demografía, la vivienda y el euskara. «Enfrentar el envejecimiento de la población, las dificultades de emancipación y la atracción de talento requiere un esfuerzo fiscal significativo», indicó.

EH Bildu, que ha visto cómo se han aprobado casi el 90% de las enmiendas que presentó, remarcó que «seguirá con rigor y responsabilidad el contenido de la norma foral» que se derivará de este informe, y destacó que este acuerdo «pone las bases para profundizar en una reforma fiscal justa y progresiva».

Por su parte, el portavoz del PSE, Jesús María Zaballos, explicó que se ha acordado un informe con «un mínimo común denominador» tras meses de escuchar propuestas, algunas opuestas entre sí. Un documento que «engloba el mayor número posible de desafíos o retos que durante estos meses se han puesto sobre la mesa».

La portavoz de Elkarrekin, Miren Echeveste, aseguró que, gracias a las aportaciones de EH Bildu y de su grupo el texto «tiene una impronta de izquierdas innegable», aunque sus dos votos optaron por la abstención.

El portavoz del PP, Mikel Lezama, fue el más crítico al entender que «no hay ni una sola medida concreta en todo el documento después de 6 meses, más de 60 ponentes y más de 1.000 propuestas. De todas ellas, no se recoge ni una aquí. Desde el equipo de gobierno se quería hacer un documento que fuera aprobado por todos y se ha elevado tanto el foco que cada punto puede decir una cosa y la contraria».