El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba el 27 de julio de 1978 el proyecto de la conocida como «Ley Antiterrorista», dentro de una etapa de cambios legislativos iniciada por UCD para endurecer las medidas contra los detenidos vinculados, en teoría, a la lucha armada. Se trataría del primer pilar para aprobar la primera «Ley Antiterrorista».

Y lo hacían con el voto en contra del diputado vasco Francisco Letamendia, ‘‘Ortzi’’, (Grupo Mixto) y la oposición parcial del PNV, que votó en contra de dos de los seis artículos y se abstuvo en otro. En el pleno, justificaba José Ángel Cuerda (PNV) que su partido representaba «a un sector del pueblo vasco que ha preferido utilizar, en apoyo de sus reivindicaciones, el sistema parlamentario y no la lucha armada ni la violencia, que es absolutamente injustificable en estos momentos, sin reserva alguna».

Sea como fuere, se había aprobado el primer pilar de una ley que, en principio, tendría un año de vigor y abría la puerta a graves infracciones de derechos humanos, con medidas como la posibilidad de prolongar la permanencia en comisaría de los detenidos hasta un máximo de diez días y la incomunicación (en aquella primera instancia indefinida), además de intervenciones postales y telefónicas y registros domiciliarios sin previa autorización judicial. En definitiva, se trataría de una norma heredera de la Ley del Orden Público franquista de 1959 y que sería la base de todo un engranaje encaminado a restringir derechos humanos y civiles. Las reformas a esta iniciática «ley» seguirían en años posteriores con medidas como la inclusión de la apología como delito del «ámbito terrorista» en 1981, aunque seis años después se declararían inconstitucionales varios puntos como la incomunicación sin previa decisión judicial. Por contra, en el año 2000, se incluiría el enaltecimiento como «delito terrorista», abriendo la posibilidad a todo un abanico de represión, y más que una ley, devendría en «legislación antiterrorista», es decir, que se convertiría en una batería de medidas integradas en el corpus penal español.

Como consecuencia de esta «ley» nacería también la Audiencia Nacional, juzgado de excepción en el que se han perpetrado decisiones como cierres de periódicos, se ha negado sistemáticamente la tortura y se ha amparado la persecución política, acompañada de represión policial y penas de cárcel excesivas (unas cuantas basadas en autoinculpaciones realizadas durante la incomunicación y con denuncia de torturas por medio), además de aplicar la dispersión como extensión de esas condenas.

TORTURAS Y MACROJUICIOS

Ejemplos, miles. Tan solo ciñéndonos a la fecha que nos ocupa, el 27 de julio, nos topamos con dos graves casos que llegaron a la portada de GARA. El primero, de 2008, nos retrotrae a la oscura sombra de la incomunicación: «Todos los detenidos han denunciado torturas al pasar ante el juez Garzón», se titulaba en primera página.

La noticia daba cuenta de que diez detenidos acusados de pertenencia a ETA denunciaban, según Askatasuna, haber recibido golpes en la cabeza y en los testículos, además de amenazas de violación. En algunos casos les habrían aplicado «la bolsa» y habrían sido amenazados con aplicarles los electrodos.

Subrayaba Askatasuna que los detenidos relataron al juez Baltasar Garzón, para entonces de sobra conocido por negar la existencia de malos tratos y torturas a los detenidos, que fueron obligados a permanecer en posturas forzadas y a realizar flexiones durante tiempo prolongado, y denunciaba que el magistrado, por contra, hacía oídos sordos y decretaba el ingreso en prisión de siete de los diez arrestados.

Se acusaba a Arkaitz Goikoetxea, Iñigo Gutiérrez, Aitor Kotano, Mikel Saratxo, Gaizka Jareño, Anabel Prieto y Maialen Zuazo de ser integrantes y colaboradores del «complejo Bizkaia» de ETA. Y antes de que se conocieran las denuncias de tortura, además, el propio Garzón aseguraba en declaraciones a la cadena Ser que los arrestados habían contado «con todas las garantías». En ese contexto, recordaba Askatasuna la impunidad que ofrece la incomunicación a las fuerzas policiales y acusaba a la Guardia Civil de utilizar «métodos de tortura salvajes» contra los detenidos.

Unida a esta noticia, aquella edición de GARA publicaba otra en la que se informaba que la Policía francesa detenía a Asier Ezeiza y Olga Comes, acusados de pertenecer a ETA, tras asaltar la casa en la que se alojaban en la localidad de Montmanon. Ejemplo de la cooperación transfronteriza, ligada igualmente a la «Ley Antiterrorista», y que no haría más que aumentar la represión y el sufrimiento de detenidos y familiares.

El segundo ejemplo lo encontramos en 2013, cuando el 27 de julio centenares de personas escenificaban en Amaiur el muro popular contra dos macrojuicios inminentes que llevarían hasta los banquillos de la Audiencia Nacional a nada menos que 190 vascos y vascas. Se trataba de los juicios contra Batasuna y la juventud independentista, que arrancarían en octubre y condicionarían la vida de los acusados y de sus familiares y amigos durante semanas, además de suponer un coste económico de más de un millón de euros.

En su análisis, el periodista de GARA Ramón Sola constataba que el diseño decidido por la Audiencia Nacional para las vistas orales revelaba «una auténtica operación de castigo»: «Se ha optado por un calendario inverosímil, de sesiones solo matinales, y que puede llegar a eternizarse», presagiaba, e indicaba las dificultades que ello acarrearía a los procesados para mantener su empleo o proseguir con sus estudios. Auguraba también las situaciones complicadas que se crearían a nivel personal o familiar, con acusados que forman pareja, alguna incluso con tres niños pequeños, alejados de su hogar de forma intermitente durante meses, y la dificultad añadida de tener que conformar una red de apoyo familiar o social para hacer frente a la situación.

Y recordaba también que la condena no comenzaba con los juicios: el proceso judicial contra Batasuna se desencadenó con una redada en abril de 2002, con lo que aquellos primeros arrestados llegaban a juicio once años después. Una mochila a tener en cuenta.

Vulneraciones de derechos, torturas, autoinculpaciones, macrojuicios, impunidad policial, violencia económica, dispersión, cargas policiales, cierre de diarios, ilegalización de partidos políticos… toda una serie de despropósitos que se han amparado bajo una mal llamada «Ley Antiterrorista».