Retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, en especial en ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor estrés emocional y mental. Es uno de los datos que destaca un estudio que ha publicado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción del retiro laboral anticipado y que muestra que el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales.

La edad efectiva de jubilación en el Estado español ha subido 1,1 años en la última década y ha llegado a los 65,2 años en 2024 debido al aumento de trabajadores que se retiran a la edad ordinaria, tras la disminución de las jubilaciones anticipadas involuntarias que crecieron durante los años de la crisis financiera por los despidos.

En ese contexto adquiere importancia la actualización del estudio de Sergi Jiménez, de la Universitat Pompeu Fabra; Cristina Bellés, de la Universitat de Barcelona; y Han Ye, de la Universidad de Mannheim, sobre la relación entre las restricciones a la jubilación anticipada y la mortalidad.

Los resultados muestran que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. El riesgo se concentra especialmente en las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental, y es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.

Los autores calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción jubilación anticipada y muestran que el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales.

Utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en el Estado español, estiman que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por individuo.

Por otro lado, la reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros. Además, debido a que la reforma conduce a una mortalidad temprana, ahorrando así a la Seguridad Social 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.

NO COMPENSA

En suma, según la investigación, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social.

En un momento en el que la prolongación de las vidas laborales se expone como un instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, apuntan a la necesidad de diseñar con cuidado los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud.

Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.