La recuperación de los cadáveres de seis rehenes en un túnel subterráneo en el área de Rafah en la Franja de Gaza ha reactivado las protestas contra el Gobierno de Israel presidido por Benjamín Netanyahu. La exigencia de la firma de un alto el fuego que permita la vuelta de los rehenes se ha hecho si cabe más fuerte, hasta el punto de que ayer lunes la principal agrupación de sindicatos de Israel, Histadrut, convocó una huelga general en solidaridad con las familias. A la vista del gran éxito de la convocatoria, el Gobierno pidió su suspensión y un tribunal laboral ordenó, ayer mismo, poner fin a la huelga. Argumentó que era una paro de carácter político y no un conflicto laboral. Los sindicatos acataron la orden judicial y finalizaron la protesta por la tarde.

La población de Israel está cada vez más indignada con el modo en el que el Gobierno está gestionando la crisis. Es publica la existencia de una propuesta de acuerdo para un alto el fuego desde hace dos meses que podía haber salvado la vida de estos seis rehenes -y de miles de palestinos-, pero Netanyahu sigue decidido a boicotear cualquier pacto. Para ello, unas veces añade exigencias que desbarataban el acuerdo inicial y otras provoca una matanza. En esa huida hacia adelante, en agosto mató en Teherán al negociador de Hamás, Ismail Haniya. Esta política del Gobierno israelí tiene dos consecuencias inmediatas. Por un lado, es evidente que no tiene ningún interés en la vida de los rehenes, convertidos en una coartada para reducir Palestina a cenizas. De hecho, hace una semana comenzó una operación en Cisjordania donde no están los rehenes ni Hamás tiene presencia significativa.

Por otro lado, la actitud de Netanyahu ha minado aún más la credibilidad de EEUU, por su apoyo militar al genocidio y por la manifiesta parcialidad que ha demostrado durante las negociaciones. Europa, lamentablemente, sigue la estela de Washington y aparca la defensa de los derechos humanos para defender unos intereses geopolíticos representados por el Gobierno de Tel Aviv. Aunque eso suponga no solo apoyar los crímenes de guerra y el genocidio, sino darles la espalda a las familias de los rehenes y a la sociedad que los apoya.